Fecha: Jueves 8/1/2009
"Mercenarios Made in Spain"
Las compañías militares privadas se han consolidado como un nuevo actor en los conflictos bélicos. Una muestra de ello es la presencia masiva de contratistas privados en Iraq junto a las tropas de ocupación norteamericanas. Para el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Francisco Javier Quel López, la aparición de estas empresas “se enmarca en un proceso de privatización iniciado a principios de los ‘90 que afecta a la salud o al sistema penitenciario”. Así, se produce “la externalización de los servicios básicos del Estado en relación a la Defensa” que supone “un cambio de estructura de los ejércitos”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce que “los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial”.
El suboficial de la Armada española en la reserva y presidente de High Security Solutions, David Rivas reconoce en un artículo publicado en la revista digital Athena Intelligence que “se trata de una industria muy compleja a nivel legal, administrativo, logístico y operativo, lo que requiere profesionales con años de experiencia en el sector y sólidas redes internacionales de apoyo, basadas en la confianza del cliente, mayoritariamente gobiernos democráticos legalmente establecidos”.
Externalización de servicios
Rivas opina que “la externalización de servicios por parte del Ministerio de Defensa en España es un hecho relativamente reciente y se ha caracterizado desde sus inicios por la reticencia a admitir personal civil que trabaje con el militar, y especialmente dentro de instalaciones militares”. “Los Estados son reacios a regular estos asuntos”, afirmó el catedrático Francisco Javier Quel López durante su intervención en las IV Jornadas de Seguridad y Defensa celebradas en la Universitat de València. “España no ha entrado a regular esto”, añade. “Es preciso que determinados servicios no se privaticen”, puntualiza. “El ánimo de lucro hace poco eficaz a estas empresas y además en la práctica no se ha probado que sean más eficaces que los ejércitos regulares”, explica. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió en una resolución en 2003 a todos los Estados “que ejerzan el máximo de vigilancia contra todo tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales de asesoramiento militar y de seguridad, y que prohíba concretamente que tales empresas intervengan en conflictos o acciones armadas para desestabilizar los regímenes constitucionales”. Entre las ventajas de la utilización de estos ejércitos privados, Darío Azzellini, autor de El Negocio de la Guerra, señala el vacío legal al respecto: “Formalmente son civiles, no pueden ser juzgados por la Justicia militar. Al mismo tiempo, en sus contratos se les asegura que no pueden ser sometidos a la justicia civil de los países en los que actúan. Prácticamente se crea un campo de impunidad”.
Rivas opina que “la externalización de servicios por parte del Ministerio de Defensa en España es un hecho relativamente reciente y se ha caracterizado desde sus inicios por la reticencia a admitir personal civil que trabaje con el militar, y especialmente dentro de instalaciones militares”. “Los Estados son reacios a regular estos asuntos”, afirmó el catedrático Francisco Javier Quel López durante su intervención en las IV Jornadas de Seguridad y Defensa celebradas en la Universitat de València. “España no ha entrado a regular esto”, añade. “Es preciso que determinados servicios no se privaticen”, puntualiza. “El ánimo de lucro hace poco eficaz a estas empresas y además en la práctica no se ha probado que sean más eficaces que los ejércitos regulares”, explica. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió en una resolución en 2003 a todos los Estados “que ejerzan el máximo de vigilancia contra todo tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales de asesoramiento militar y de seguridad, y que prohíba concretamente que tales empresas intervengan en conflictos o acciones armadas para desestabilizar los regímenes constitucionales”. Entre las ventajas de la utilización de estos ejércitos privados, Darío Azzellini, autor de El Negocio de la Guerra, señala el vacío legal al respecto: “Formalmente son civiles, no pueden ser juzgados por la Justicia militar. Al mismo tiempo, en sus contratos se les asegura que no pueden ser sometidos a la justicia civil de los países en los que actúan. Prácticamente se crea un campo de impunidad”.
High Security Solutions es la marca comercial de Hallmark Security Solutions S.L., una empresa de capital mayoritario español, dedicada a los servicios de protección en viajes y transportes (generalmente a países conflictivos), protección de instalaciones (seguridad aeroportuaria y marítima, industria del petróleo), servicios de defensa y seguridad nacional e inteligencia. También ofrecen formación y servicios a gobiernos. Para ello buscan personal de entre 25 y 40 años, con al menos tres años de experiencia militar en unidades operativas, buen nivel de inglés o francés, de nacionalidad española (o de otro país de la UE), australiana, canadiense o estadounidense y sin antecedentes penales. Con oficinas en Venezuela, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile y Kurdistán iraquí, Hallmark Security Solutions (HSS) es una de las principales compañías militares privadas del mercado español. Sus oficinas centrales están situadas en la calle Antonio López de Santander. Constituida en 2006, la empresa afirma que su equipo directivo “está formado por personal procedente del sector militar y relaciones internacionales”. Su presidente es David Rivas, un suboficial en la reserva de la Armada española que ha participado en diversas operaciones en Jordania, Iraq y Haití con la empresa norteamericana Hike Stalk Shoot International Inc., de la cual fue director de operaciones en Latinoamérica. Según los datos que constan en el Registro Mercantil, el 8 de Junio de 2006 fue nombrado administrador único de Hallmark Security Solutions S.L. Rodrigo Humberto Monroy Frausto.
Código ético
Según su “declaración de principios éticos y legales”, la empresa “no prestará servicios de alta seguridad, protección, inteligencia o defensa a aquellos gobiernos, instituciones, organizaciones públicas o privadas o particulares que estén condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, el terrorismo, crímenes contra la humanidad, racismo o xenofobia, delitos contra la libertad religiosa o de pensamiento, falta de respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas, delito de traición, espionaje político o malversación de fondos públicos”. También añade que la empresa prestará “servicios de Defensa sólo a gobiernos legalmente constituidos y reconocidos”.
Algunos clientes contrastan con el código ético de la empresa. Es el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Especiales del Ejército jordano o del Grupo Cisneros, conocido por su implicación en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno democrático de Hugo Chávez en Venezuela (cabe señalar que la empresa cuenta también con clientes de la órbita del gobierno en Venezuela como la Policía del Estado de Carabobo o el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, éste último dependiente del Ministerio del Poder Popular). HSS asegura que “todas y cada uno de los servicios relativos al sector Defensa realizados a terceros países deberá en su caso ser autorizado y/o aprobado por el Gobierno español”.
Según dicen, su lista de clientes incluye a la policía española, la Ford en Brasil, los Marines norteamericanos, el Departamento de Estado y la DEA, la policía y el ejército en República Dominicana o el Grupo Especial de Respuesta Inmediata en México, entre otros.
SGSI, UNA EMPRESA ESPAÑOLA DE “SEGURIDAD GLOBAL”
“¿Mercenarios? Sí. A mucha honra”. Con estas palabras se reafirmaba el portavoz de Servicio Global de Seguridad y de Inteligencia, una de las mayores empresas del sector en España, con presencia en países como Iraq, Israel, Nigeria o Guinea Ecuatorial.
Inteligencia (SGSI), una empresa de origen español, fue fundada en 1995. Según la propia compañía, se trata de “la primera compañía militar privada ibérica”. Su portavoz, Víctor González, afirma en una entrevista que “para no crear ningún tipo de problema y no herir susceptibilidades encontramos que Gibraltar está al lado de casa y estamos muy cómodos”. También afirma que “la legislación en materia de consultoría y de seguridad es más amplia y concreta en el marco del Reino Unido que en España”. Y es que SGSI es una de las cerca de 70.000 empresas concentradas en los 6,5 kilómetros cuadrados que ocupa el peñón de Gibraltar (desde junio de 2000, Gibraltar figura en la lista negra de los 35 paraísos fiscales identificados por la OCDE).
González sostiene que “no provocamos conflictos ni trabajamos fuera de la ley o sin el conocimiento beneplácito de los gobiernos afectados que nos contratan”. Además, “el sello nuestro es que no participamos nunca en política, no nos interesa”, añade. Cuentan con un “comité ético” y reconocen mantener “de manera más o menos bilateral una comunicación con el Gobierno español”.
A su portavoz, que también es director de operaciones, no le importa ser denominado mercenario: “¿Mercenarios? Sí, a mucha honra. La nómina es nuestra patria. Ni más ni menos que ningún otro profesional de la seguridad”. Según explica, “entre el personal que conforma la empresa hay profesionales que durante mucho tiempo han estado comprometidos con la lucha contra el terrorismo en España”. En relación a la colaboración de SGSI con el CNI y otros servicios de inteligencia, González afirma que “siempre que se puede se coopera participándoles información que como servicio privado podamos obtener en función del partido que puedan sacar y desde luego que no perjudique los intereses de nuestra clientela”.
La empresa, que cuenta con un total de 411 trabajadores contratados de manera directa, ha sufrido tres bajas en Nigeria, explica González. Según dicen, trabajan para empresas como Exxon o Agip en Nigeria y para gobiernos como el de Angola, el de Guinea Ecuatorial o el de Ghana. “Ahora nos estamos abriendo a zonas nuevas como el África subsahariana”, añade el portavoz de SGSI.
SGSI en Iraq e Israel
Este periódico ya reseñó el trabajo de SGSI Group en Iraq en materia de protección de líderes de la Unión Patriótica del Kurdistán llevado a cabo durante el mes de agosto de 2007 (ver DIAGONAL nº60). También se relataban las visitas, organizadas por SGSI, de grupos de escoltas españoles –ex miembros de las Fuerzas Armadas o militares en excedencia– a un complejo de entrenamiento en Cesarea, una exclusiva localidad turística israelí de 4.500 habitantes a mitad camino entre Tel Aviv y Haifa, administrada actualmente por una organización privada, la Corporación para el Desarrollo de Cesarea. De hecho, el portavoz de la empresa, Víctor González confirmaba en una entrevista en Radiocable.com los lazos con el sector militar privado israelí hablando sobre los inicios de su empresa: “Acudimos a un par de cursos en Israel porque teníamos muchas ganas de profesionalizarnos más y, qué duda cabe, que aquélla es la cuna de la seguridad”. “A partir de ahí surge la posibilidad, asociándonos con un experto en seguridad israelí, de ir sacando esto adelante”, añade.La trama empresarial
SGSI Group forma parte del Grupo Hyzanami. Efectivamente, según el Registro Mercantil español, existe una empresa llamada Hyzanami & SGSI Group 2007 S.L cuyo domicilio social está situado en la avenida Ramón y Cajal de Fuengirola (Málaga). Su principal accionista y administrador único es el abogado Sergio Ruiz Martín, que también ocupa el cargo de administrador junto a Fernando Núñez Martín en F. Núñez & S. Ruiz Abogados S.L., (constituida el 5 de abril de 2005). Esta empresa comparte domicilio social con Hyzanami & SGSI Group en Fuengirola. Ambos abogados también son administradores de una empresa dedicada a las actividades inmobiliarias (Pastmartcon S.L, constituida el 15 de junio del 2005) con domicilio social en la calle San Pancracio de Marbella. Núñez Martín figura como firmante de un manifiesto por la libertad de “los presos de conciencia” en Cuba impulsado por la fundación FAES del Partido Popular.
“Comercio al por mayor”
Los datos del Registro Mercantil denotan un hecho de lo más curioso. Hyzanami & SGSI Group 2007 S.L. tiene como objeto social la “comercialización, importación y exportación de productos de alimentación y artesanía, típicos del país de origen, y materias primas de carácter mineral, obtenidas por cualquier método de extracción”. Su actividad sería, por tanto, “el comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos”. Sin embargo, con un simple click en Google, encontramos un anuncio de Hyzanami que ofrece servicios de seguridad en un portal de Internet. En este caso dan una dirección (autovía de Castelldefels, 138) y un teléfono móvil de contacto. Teléfono móvil idéntico al que proporciona la página web de SGSI Group. Por si fuera poco, también indica una dirección de correo electrónico de la empresa de Gibraltar.
La conexión con Guinea Ecuatorial
Pero lo que resulta, sin duda, más sorprendente de este entramado empresarial es que el administrador único de Hyzanami, el abogado Sergio Ruiz Pastor es, a su vez, el representante en España de Manuel Rubén N’dongo, “líder político y presidente ejecutivo de la oposición moderada” ecuatoguineana afincado en París, que en los últimos meses ha alabado al presidente Obiang por la liberación de algunos presos políticos, lo cual ha encolerizado a otros sectores de la dividida oposición en el exilio. En la página web del político opositor (que se reclama del centrismo liberal y de la democracia cristiana) figuran varios artículos de opinión del abogado malagueño y administrador único de Hyzanami. El portavoz de SGSI, Víctor González, explicaba la relación de su empresa con el régimen dictatorial de Teodoro Obiang dando su particular visión sobre la antigua colonia española: “El Ejército de Guinea Ecuatorial, a instancia de su jefe de Gobierno, se encuentra ahora en una fase de reestructuración, modernización y desarrollo, tanto potencial como logístico, muy necesaria para el país, sobre todo a tenor de las continuas amenazas por parte de intereses bastardos que alientan a personas implicadas en la política de oposición desde el extranjero a atentar contra el actual, y legitimado por las urnas, gobierno de su excelencia Teodoro Obiang”. “En este ámbito se han dado las directrices de cómo conseguir los recursos humanos necesarios para la correcta defensa del país”, especifica González en referencia a las actividades de su empresa en el país tropical. Por otra parte, el pasado 15 de octubre el diario ABC relataba los rumores falsos que circularon entre ciertas formaciones políticas del exilio ecuatoguineano en el Estado español, según los cuales Obiang habría muerto. Un portavoz de los grupos opositores aseguró que el rumor era fruto de una intoxicación vertida desde el entorno del propio Obiang. Además explicaba que la fuente que habría sugerido el rumor de la (falsa) muerte de Obiang narraba que el dictador habría sido “envenenado por miembros de una empresa de seguridad, con sede en Gibraltar y que pertenece a un hispanoisraelí, relacionada con el Gobierno [ecuatoguineano]”.
Fuente:
________________________________________
Fecha: 21/12/2008
Aumenta el número de mercenarios en América Latina, denuncia la ONU
■ El gobierno colombiano utiliza contratistas israelíes que han asestado severos golpes a las FARC
■ Al menos 3 mil latinoamericanos prestan servicios en las zonas de conflicto de Irak
■ Actúan en Colombia 25 compañías extranjeras y emplean a 800 personas, la mayoría estadunidenses
Ginebra, 20 de diciembre. Los mercenarios contratados por empresas militares y de seguridad privadas actúan cada vez en más escenarios de América Latina, como explotaciones mineras, fronteras, cárceles y ahora también en ayuda humanitaria, dijeron expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reunidos esta semana en esta ciudad suiza.
Por otro lado, unos 3 mil latinoamericanos, en su mayoría chilenos, peruanos, colombianos y hondureños, prestan servicios en las zonas de conflicto de Irak.
Además, la colaboración de un comando de mercenarios israelíes, integrado por ex militares de esa nacionalidad especializados en tareas de inteligencia, ha permitido al gobierno de Colombia asestar duros golpes a la guerrilla izquierdista, señaló la colombiana Amada Benavides de Pérez, uno de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios.Ese organismo, creado en 2005 por la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU, discutió la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos legales de alcance internacional que regulen de una vez las actividades crecientes de compañías privadas militares y de seguridad.
El caso más crítico de América Latina con respecto al empleo de mercenarios se registra en Colombia, precisó Benavides, quien se describe como educadora, internacionalista y ex decana de la Facultad de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública de su país.Las informaciones recogidas por un grupo académico colombiano, integrado por profesores de varias universidades y también por organizaciones no gubernamentales, han permitido obtener datos de las bases, es decir, de las víctimas, de lo que realmente está pasando en Colombia con relación a los mercenarios, dijo.
Los servicios que prestan las empresas privadas militares y de seguridad se distribuyen en modalidades variadas. En primer lugar figuran las empresas que trabajan en territorio del país en el contexto del Plan Colombia, las políticas de los últimos gobiernos colombianos, concertadas y financiadas por Estados Unidos, principalmente para combatir el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas.En virtud de ese entendimiento, actúan 25 compañías extranjeras en ese país y emplean a 800 “contratistas privados”, que en su mayoría son estadunidenses de origen latinoamericano, precisó Benavides. El número puede ser aun mayor, quizás el doble, porque cada 15 días se produce la rotación de ese personal y arriba un nuevo contingente similar de Estados Unidos, dijo la experta.
Lo más característico de esta operación es que todos esos “contratistas privados” gozan de la misma inmunidad diplomática que tienen los miembros de la misión estadunidense en Colombia, lo cual los exime de los alcances de las leyes nacionales.
Integrantes de ese grupo de contratistas han cometido violaciones y delitos que Bogotá no puede siquiera investigar porque el acuerdo bilateral con Washington se lo impide, observó.
En consecuencia, en el territorio colombiano hay por lo menos 800 personas sobre las cuales el gobierno no tiene control, y que trabajan en el Plan Colombia. Esas personas, que pasan generalmente desapercibidas entre la población local en razón de su origen latinoamericano, residen en bases estadunidenses.
Benavides recordó que en julio pasado, cuando la dirigente política colombiana Ingrid Betancourt recuperó su libertad tras más de seis años de cautiverio por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también fueron liberados tres contratistas estadunidenses “expertos en fumigación”.
Fuentes periodísticas afirmaron entonces que los tres estadunidenses, Thomas Howes, Keith Stansele y Marc Gonsalves, capturados en 2003, trabajaban para la empresa California Microwave Systems, que prestaba servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos para recoger información de plantaciones de drogas.Las mismas fuentes dijeron que las FARC sostenían que Howes, Stansele y Gonsalves formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el órgano de espionaje exterior del gobierno de Estados Unidos.
Otra variante de la presencia de mercenarios en Colombia son las empresas, en su mayoría estadunidenses y británicas, que dan servicios de seguridad a firmas extractivas, también extranjeras, sobre todo petroleras y mineras.Esta actividad representa algunos riesgos porque en muchos casos se realizan en territorios pertenecientes a grupos indígenas o a otras comunidades nativas. Las compañías privadas de seguridad impiden la entrada a esas tierras e inclusive el acceso a las aguas, apuntó Benavides.
El grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarios ha documentado casos similares en Ecuador y Perú, donde la acción de las empresas privadas de seguridad ha perjudicado severamente a las comunidades afincadas en áreas colindantes con las zonas mineras.
La tercera forma de intervención de mercenarios en Colombia es la participación de expertos en logística de Israel, que trabajan para el Ministerio de Defensa. Muchos de los golpes y de los aciertos que han tenido el gobierno y las fuerzas militares de Colombia en frenar a la guerrilla dependieron de esa ayuda de inteligencia militar de los mercenarios israelíes, remarcó Benavides.La última variedad de los mercenarios en Colombia son las 500 personas de esa nacionalidad que se encuentran en Irak. No hay datos oficiales sobre ese número, “pero nuestras propias informaciones y las recogidas por académicos extranjeros que han venido a investigar a Colombia” arrojan esa cifra, señaló la experta.
Con relación a los cerca de 3 mil latinoamericanos que se encuentran en Irak, originalmente procedían de Chile, Perú, Colombia y Honduras. Pero en los últimos tiempos se han agregado otros de El Salvador y Guatemala, precisó. No hay informes sobre la presencia en Irak de argentinos, brasileños o uruguayos, agregó.
Pero puede ocurrir que la empresa chilena que envió mercenarios a Irak haya tenido personería jurídica en Uruguay. Por tanto, si surge un problema legal con uno de esos “contratistas”, el caso no se dirimiría en Chile, explicó.
Sin embargo, ocurrirá que tampoco sería en Uruguay, porque el contrato no se firmó en ese país, sino en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Pero los estadunidenses responderían que tampoco les cabe responsabilidad porque el acto se cometió en Irak y no en territorio estadunidense.
Este ejemplo demuestra el vacío jurídico que existe en el ordenamiento internacional y que el grupo de trabajo de la ONU se propone llenar con el estudio de un nuevo instrumento universal que cubra las lagunas de las legislaciones nacionales.
El caso de Colombia es ejemplar porque tiene una regulación para las empresas privadas nacionales de seguridad, pero carece de toda norma al respecto para las compañías extranjeras de la misma índole, dijo Benavides a Ips.
________________________________________
________________________________________
Información recopilada de:
No hay comentarios:
Publicar un comentario