-Una joven de 18 años, nueva víctima de la violencia policial, tras participar en una protesta en memoria de Khaled Said-
-Human Rights Watch denuncia represión, arrestos arbitrarios y 5.600 juicios militares a civiles desde febrero-
El grito de “Todos somos Khaled Said” ha vuelto a resonar esta semana en El Cairo y Alejandría, durante las manifestaciones celebradas con motivo del primer aniversario del asesinato del joven a manos de las fuerzas de seguridad egipcias, un hecho que incrementó la indignación entre la población y aceleró el proceso hacia las revueltas.
La protesta en la capital tuvo lugar frente al ministerio del Interior, donde se concentraron miles de personas, entre ellas conocidos activistas de lo que se ha llamado la revolución egipcia.“La dignidad del pueblo egipcio es nuestra línea roja”, corearon.
El artista y grafitero Hossam Shukralleh llevó una plantilla de papel recortado con los rasgos de Khaled Said que sirvió para dejar el rostro de la víctima impreso en las paredes del ministerio, ante los aplausos emocionados de los asistentes. (Ver vídeo)
UN NUEVO CASO DE REPRESIÓN
Una de las participantes en la protesta fue la joven Salma Al-Sawy, integrante del Movimiento 6 de abril, clave en el levantamiento popular del pasado enero, y ex integrante de los Hermanos Musulmanes.
Salma Al Sawy abandonó la manifestación al atardecer y emprendió rumbo a su casa.
Según ha denunciado, en el camino fue interceptada por un policía, que le vendó los ojos y la trasladó a un lugar donde fue interrogada.
Salma Al-Sawy
El policía le preguntó por varios activistas del movimiento 6 de abril, entre ellos, Asmaa Mahfouz, una joven que en enero colgó un vídeo en youtube en el que ella misma llamaba a participar en la protesta convocada para el 25 de enero, fecha del inicio de las revueltas.
“El policía me preguntó si Asmaa estaba en el extranjero recabando ayuda económica para financiar movimientos y partidos, para tumbar el Consejo militar que gobierna”, ha explicado Al-Sawy.
“Cuando negué semejante acusación, él me golpeó con un palo en mis manos, en las piernas, y después en la cabeza. Perdí el conocimiento”.
Salma permaneció 6 horas bajo arresto. Finalmente, un policía le dijo que la iba a poner en libertad porque no soportaba escuchar sus sollozos.
Al salir a la calle, comprobó que estaba en una de las sedes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales.
Dos días después, la joven se reunió con el primer ministro Esaam Sharaf para denunciar lo sucedido. Sharaf se comprometió a trasladar su queja al ministro del Interior, pero éste ya se ha apresurado a negar las acusaciones.
“Las nuevas fuerzas de seguridad sirven al país sin interferir en las vidas de los ciudadanos y sin violar su derecho a la participación política”, ha indicado.
“Estas afirmaciones [del ministro] no son ciertas; el aparato de la seguridad estatal ha regresado con fuerza”, ha contestado Salma Al-Sawy, que ha recibido el apoyo de numerosos activistas.
El caso de Salma no es un hecho aislado.
En las últimas semanas se han registrado varios casos de detenciones e interrogatorios por parte de la policía militar a conocidos blogueros, artistas,grafiteros y activistas.
Jóvenes manifestantes protestan contra represión, arrestos y juicios militares. Tahrir, El Cairo,3 de junio 2011 (Olga Rodríguez)
DENUNCIA DE HUMAN RIGHTS WATCH
A pesar de que personalidades egipcias, como el prestigioso escritor Alaa Aswany, han depositado públicamente su confianza en el Consejo militar interino, lo cierto es que desde la caída de Mubarak hasta ahora se han registrado numerosos casos de abusos y represión por parte del Ejército.
Esta semana llegaba una nueva denuncia de la mano de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Según datos de HRW, al menos 5.600 civiles han sido condenados en tribunales militares desde la caída del ex presidente Hosni Mubarak el pasado 11 de febrero.
Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, ha indicado que no está claro el nivel de compromiso del ejecutivo egipcio para investigar y arrestar a todos los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y abusos.
“Para cambiar realmente una institución es necesario ir a por los supervisores que ordenaban las torturas, no solo a por los torturadores; si no, la tortura asomará de nuevo su fea cabeza e infectará la nueva agencia”, ha indicado.
Roth entrevistó a un oficial del Consejo militar egipcio sobre los “tests de virginidad”efectuados a mujeres que se manifestaban en Tahrir el pasado 9 de marzo. Dicho oficial defendió ante Roth la práctica de esos tests (realizados en contra de la voluntad de las mujeres, por lo que sería más adecuado llamarlos abusos sexuales).
HRW ha denunciado estas prácticas que ha calificado de degradantes y humillantes.
También ha pedido al gobierno transitorio egipcio que ponga en libertad a los manifestantes arrestados y que derogue la ley de emergencia, en vigor desde 1981.
Manifestantes granjeros detenidos por la policía. el Cairo, 8 de junio (Nora Shalaby)
PROHIBEN HUELGAS Y PROTESTAS
Diversas agrupaciones impulsoras de las revueltas egipcias han denunciado un parón en el avance hacia la democracia, registrado a partir del 9 de abril, fecha en la que las Fuerzas Armadas desalojaron con violencia a unas 3.000 personas acampadas en Tahrir, entre las que había una veintena de militares que se habían unido a las protestas.
Tal y como esta periodista pudo presenciar aquella madrugada del 9 de abril en El Cairo, el Ejército disparó durante dos horas y media de manera ininterrumpida.
Las cifras oficiales admitieron la muerte de dos manifestantes. Otros 71 resultaron heridos y decenas más fueron detenidos, entre ellos los militares que habían participado en las protestas.
“Tuvieron miedo de que la presencia de militares se interpretara como una escisión en las Fuerzas Armadas y no dudaron en atacar con brutalidad. Esa fecha marca un antes y un después. Ahora las cosas se han estancado”, protestaba esta semana un portavoz del Comité de Jóvenes por la Revolución.
A pesar de las recomendaciones de HRW, la ley de emergencia sigue vigente. Y no solo eso.
Esta semana el gobierno interino ha confirmado la entrada en vigor de otra ley que prohíbe huelgas y manifestaciones “que entorpezcan la productividad”.
En los últimos días han sido disueltas varias protestas de estudiantes, trabajadores del sector automovilístico, granjeros, o empleados de la compañía Petrojet.
Varios manifestantes han sido arrestados, un hecho denunciado por diversos grupos en defensa de los derechos humanos.
También se ha aprobado una ley que eleva hasta 5.000 el número de integrantes necesarios para formar un partido político, algo que obstaculiza el trabajo de las agrupaciones de izquierdas, hasta ahora siempre en la clandestinidad.
Por ello son muchas las voces públicas que denuncian la existencia de una contrarrevolución, con represión intermitente en la calle y un escenario político complicado para las nuevas agrupaciones, protagonistas en la organización de las revueltas.
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