“El gasoducto va a llevar gas de Bolivia a siete provincias de Argentina, pero los que vivimos en Campo Durán, donde empieza el caño, no tendremos el beneficio”, denuncia el indígena Julio Palavecino. Él preside una comunidad de 140 familias de la etnia chané en Campo Durán, provincia de Salta, 1.600 kilómetros al noroeste de Buenos Aires y destino del Gasoducto de Integración Juana Azurduy, cuya extensión de 48 kilómetros empieza en el campo de Madrejones, cerca de la población fronteriza de Yacuiba, en el sureño departamento boliviano de Tarija. La empresa constructora “no crea empleo, destruye el monte y ni siquiera nos dan gas”, protestó.
Ese gaseoducto estará concluido en mayo. Desde allí se tenderá el Gasoducto del Noreste Argentino que, según los planes,llevará en 2013 gas a 163 localidades de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. A diferencia de los ductos construidos en la década de 1990, concebidos por empresas privadas para conducir gas argentino a los vecinos Brasil, Chile o Uruguay, éste fue planteado por Buenos Aires como respuesta a una necesidad de desarrollo en el norte y el noreste. Pero los vecinos de Campo Durán son ignorados, como en los años 90, cuando vieron tenderse el Gasoducto Norandino que transporta el hidrocarburo argentino hacia Chile. “No sabemos si el municipio no quiere hacer el tramo local o si no tiene recursos. Ni siquiera podrá tener gas la escuela, que está a 150 metros del caño y que utiliza leña todo el año“, dijo Palavecino.
El líder comunal dirigió cartas a la empresa constructora Servicios Vertúa y a la municipalidad local. Y presentó cuatro proyectos de desarrollo para que la comunidad se beneficie de uno u otro modo. Nunca obtuvo respuesta. “Parece que nuestro esfuerzo no vale”, lamentó. “Quizás si tuviera asesoramiento sabría a quién debo elevarle una nota”.
Tampoco será beneficiada la comunidad El Algarrobal, con unas 40 familias. “A ellos (el gasoducto) les pasa por las narices…, y nadie pensó siquiera darles el gas… No nos tienen en cuenta para sus proyectos”, agregó.
Una investigación de la consultora privada Equis indica que 36 por ciento de los 40 millones de argentinos no tienen acceso a la red de gas y dependen del producto envasado, del keroseno, la leña o el papel como combustibles sustitutos. Pero si se divide el mapa del país por regiones, en el noreste –Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes– casi 100 por ciento de la población no tiene gas por cañería. Los usuarios domiciliarios compran el tubo o bombona de 10 kilogramos a un precio de entre cuatro y 10 dólares, dependiendo de si es o no subsidiado.
Un cálculo hecho en la provincia de Buenos Aires estima que si una familia paga una factura mensual de gas por cañería de unos nueve dólares, el consumo equivalente de gas envasado y subsidiado –no siempre disponible— ascendería a 45 dólares.
El Estado prometió suministrar una cocina a cada hogar pobre de las localidades conectadas al Gasoducto del Noreste. Además, este suministro de energía contribuirá al desarrollo de la rezagada economía del noreste. “El gasoducto va a tener un impacto positivo a nivel social en el corto plazo, en los hogares que utilizan el gas envasado que es más caro que el de red”, dijo a IPS el presidente del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, Víctor Bronstein. Pero en la economía, el impacto se verá a mediano plazo. “La oferta de energía es una condición básica para el desarrollo, para la instalación de industrias, pero también se requiere de caminos, proveedores, recursos humanos”, advirtió.
Diseñada por el Ministerio de Planificación Federal de Argentina, la obra tendrá una extensión de 4.144 kilómetros, con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y el resto de derivaciones más angostas. Para muchos alcaldes se trata de un hito. “Es la concreción de un largo sueño”, dijo tras el anuncio de las obras Oscar Peppo,alcalde de Villa Ángela, una ciudad chaqueña de unos 40.000 habitantes, “Vamos a integrarnos al país”, apuntó Antonio Rodas, intendente de Fontana, con una población de 30.000 personas, también en Chaco.
Incertidumbres binacionales
Pero del lado argentino hay aspectos no claros. Los cálculos del costo del Gasoducto del Noreste han variado. El último, emitido por el Ministerio de Planificación, ronda el equivalente a unos 6.000 millones de dólares, al que se suma el del Juana Azurduy, de 98 millones y que será compartido con la estatal Empresa Energía Argentina SA.
El gobierno intentó financiar el proyecto mediante un fideicomiso alimentado por un cargo en la factura de los actuales usuarios de gas natural, pero el parlamento rechazó esa iniciativa. Entonces, el ministerio sostuvo que se haría de todas maneras, solicitando préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo o a la Corporación Andina de Fomento.
Tampoco está clara la contribución de las provincias y municipios por donde pase el gasoducto. El gobierno ha dicho que se hará cargo de los costos “hasta la hornalla” y en muchos casos distribuirá cocinas, pero que son las autoridades provinciales las encargadas de definir las derivaciones y redes locales de distribución.
Hay incertidumbres del otro lado de la frontera, acerca de la capacidad gasífera boliviana para proveer de hidrocarburo al futuro gasoducto. “No es solo un tema de cantidad de reservas de Bolivia, sino de las inversiones que necesita ese país para desarrollar los yacimientos, lo que implica hacer pozos, instalaciones, caminos, compresores”, enumeró Bronstein. Según el acuerdo entre los dos países, la venta de gas boliviano, que ronda los siete millones de metros cúbicos diarios (MMCD), pasaría a 13,5 MMCD en 2013 y a 27 MMCD en 2017.
Argentina es el segundo comprador de gas natural de Bolivia después de Brasil, que importa 27 MMCD. Pero falta información oficial sobre el volumen del gas que tiene Bolivia, explica el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario de ese país, Carlos Arze. Hasta 2005 se contaban 53 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) entre reservas probadas, probables y posibles. Pero en septiembre de 2010 se filtró un dato de la evaluadora internacional Ryder Scott señalando que las reservas probadas no pasaban de 8,3 TCF, ante lo cual la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseveró que el volumen de reservas probadas era de 12,3 TCF.
Por ejemplo, el campo gasífero Margarita, en Tarija, declinó su producción, aunque su operador, el consorcio hispano-argentino Repsol YPF asegura que su capacidad se ampliará de los actuales 2,3 MMCD a 14 en los próximos tres años. Arze no descarta que la empresa brasileña Petrobras, principal operadora petrolera en Bolivia, aporte gas de su yacimiento Itaú, también en Tarija, para alimentar el ducto hacia Argentina.
Bolivia entregará el gas sin los agregados líquidos que actualmente se venden a Brasil, explicó Arze.
Una planta de extracción de licuables en Madrejones, con una inversión de 148 millones de dólares, producirá entre 1.169 y 2.037 toneladas métricas diarias de gas licuado de petróleo, unos 2.087 barriles de gasolina natural, y unas 2.030 toneladas métricas diarias de etano, componente básico para industrializar esta materia prima. Esos recursos serán recuperados antes del despacho de gas natural a Argentina, para beneficio de zonas pobladas de Bolivia, donde el gas licuado de petróleo se comercializa con margen muy estrecho entre oferta y demanda.
Bolivia, de hecho, no puede autoabastecerse e importa gas licuado de Venezuela para su demanda doméstica. El año pasado esas compras ascendieron a 48 toneladas métricas por día.
¿Gas boliviano para los bolivianos?
Bolivia, uno de los mayores productores de hidrocarburos de América Latina, ni siquiera tiene un dato actualizado de hogares con gas de cañería.
El analista Álvaro Ríos estima que del total de gas producido, hoy cifrado en unos 40 MMCD, sólo 18 por ciento se destina al mercado interno y apenas 0,5 por ciento llega a los domicilios. Más de 50 por ciento los 10 millones de bolivianos viven en la región occidental, donde los mayores consumidores de gas son industrias de fundición, de cemento. Pero abastecer la región occidental y central requiere gasoductos que la vinculen con los yacimientos del sur y el este.
El gobierno no realiza ampliaciones que permitan multiplicar el consumo y menos proveer a los hogares y al parque automotor. Los mayores gasoductos están orientados a Brasil y Argentina. Se estima que el acuerdo entre Buenos Aires y La Paz para el Gasoducto del Noreste elevaría los ingresos bolivianos en unos 2.000 millones de dólares anuales. Las autoridades de Bolivia no ha anunciado planes específicos para esa renta extraordinaria.
Los ingresos petroleros sostienen gastos del Estado y programas sociales, como los subsidios a estudiantes, madres y recién nacidos de sectores pobres.
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Nos siguen vendiendo la mentira del progreso para enriquecerse y hacer marketing (generar falsas necesidades para poder cubrirlas) de estado con la caridad y el trabajo no-productivo. No hacen nada, ni para, ni por nosotrxs. BⒶSTⒶ
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