En España, las elecciones municipales y autonómicas del 22 de Mayo de 2011 muestran que el número de votos de esos partidos ultraderechistas se ha duplicado en cuatro años, pasando de 47.000 votos a más de 100.000...
Al menos en ciertos discursos circulantes ya constituye un tópico asociar «ultraderecha», «racismo» y «xenofobia». Si por un lado, de manera bastante tibia, se llama a combatir esos grupos extremistas por todos los medios jurídico-policiales disponibles, por otro se muestra una permisividad estatal que raya la complicidad: desde la autorización de manifestaciones de movimientos como España 2000 hasta la lentitud e insuficiencia de las actuaciones policiales ante prácticas inadmisibles en una sociedad democrática, como es la incitación al odio racial o étnico o la vulneración de un principio de igualdad (1). Sigue pendiente una investigación a fondo acerca de los vínculos entre policía y empresas de seguridad (algunas de las cuales son propiedad de conocidos líderes de la ultraderecha). En cualquier caso, esos vínculos no son secretos y ponen bajo sospecha la legalidad y compatibilidad entre funciones públicas y prácticas privadas de estos presuntos “agentes de seguridad”.
