Un par de documentos desclasificados de inteligencia militar estadounidense han reavivado el debate en México sobre la responsabilidad militar en el asesinato de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, el 22 de septiembre de 1997.
Los cables desclasificados fueron enviados en mayo de 1999 por la oficina del agregado militar de la embajada estadunidense en la ciudad de México a la Agencia de Inteligencia Militar y otros agencias como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Aunque los cables sólo son reportes informativos y no productos acabados de inteligencia, el contenido tiene un alto nivel de credibilidad y revela el acceso de la agregaduría militar estadunidense a información sensible sobre los acuerdos del presidente de la república con el secretario de la Defensa Nacional y a detalles precisos de las actividades de la Sección Segunda de inteligencia militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Uno de los cables explica que el presidente mexicano autorizó en 1994 la formación de una red de espionaje militar en las comunidades de los Altos y las Cañadas, Chiapas, con los fines de obtener información de las actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y promover las operaciones de los grupos paramilitares antizapatistas.
El documento alude a la presencia de oficiales de inteligencia militar que supervisaban a los grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas durante los momentos de la matanza de Acteal. Según la información del agregado militar estadunidense, el Ejército Mexicano dispuso a elementos jóvenes, generalmente con el grado de capitán primero y capitán segundo, así como a sargentos fluidos en las lenguas indígenas de la región, para integrar células de inteligencia que recogían información de las comunidades y entrenaban militarmente a los grupos armados en Chiapas.
Cada una de esas células estaban integradas por tres o cuatro oficiales del Ejército que cambiaban de comunidad cada tres meses por razones de seguridad. Con razón, el Archivo de Seguridad Nacional califica a estas células como una red clandestina. La información estadunidense sugiere que la existencia de estas células no era conocida por otras unidades militares operativas. Como parte de sus misiones, los oficiales de inteligencia estaban encargados de mantener la impunidad de los paramilitares y protegerlos de las eventuales acciones de los cuerpos policiales y militares que patrullaban la región.
Según los reportes informativos, las unidades policiales y militares que estaban presentes en la zona de Chenalhó ese 22 de diciembre de 1997 tardaron más de cinco horas en responder a la masacre. Basados también en fuentes abiertas, principalmente información de prensa, los reportes relatan quejas de indígenas sobre el carácter violento de los grupos paramilitares, en particular del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista que extorsionaba a los habitantes de la región y los forzaba a realizar trabajos sin pago.
Sin atribuir la fuente, uno de los documentos cita que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró un estado de alerta máxima después de la matanza de los 45 indígenas en Acteal. La Sedena envió 5 mil tropas adicionales, además de un número no determinado de miembros de un grupo de fuerzas especiales, como refuerzo de los 30 mil soldados ya desplegados en Chiapas. Un batallón de fuerzas de elite así como un regimiento de infantería mecanizada fueron puestos también en estado de alerta máxima.
Tras la indignación nacional e internacional provocada por la matanza de Acteal, las operaciones de esta red de inteligencia militar bajaron su perfil, pero no desaparecieron del todo. Todavía en mayo de 1999, fecha de elaboración de las fichas de la agregaduría militar, la red de espionaje seguía funcionando en apoyo a los grupos paramilitares existentes.
Los documentos de la agregaduría militar de Estados Unidos muestran la magnitud de la preocupación que existía entre las agencias de seguridad nacional en Washington por la presencia continua de grupos paramilitares en Chiapas, el apoyo que éstos recibieron de las unidades secretas de inteligencia del Ejército y la posibilidad de una nueva insurrección indígena en la zona.
Aunque cumplieron una función de inteligencia sobre los recursos y las operaciones del Ejército Mexicano, ahora, ya desclasificados, los documentos producidos por la agregaduría militar estadunidense permiten avanzar en la reconstrucción histórica de lo que sucedió en Chiapas entre 1994 y 1999, durante el periodo más álgido de la insurgencia zapatista y la respuesta del gobierno, controlado en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional.
Esa reconstrucción permitiría analizar cada vez con más detalle como se comportaron tanto el Ejército Mexicano como otras entidades gubernamentales durante la crisis ocasionada por el conflicto armado en Chiapas. Aunque han pasado casi 12 años de la matanza de Acteal, el hecho sigue siendo objeto de discusión en los medios, en la Suprema Corte de Justicia y en la conciencia pública.
En el transcurso de los últimos meses, el Archivo de Seguridad Nacional solicitó a la Sedena, a la Secretaría de Gobernación y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional más información sobre la masacre de Acteal. Sin embargo, según relata Kate Doyle, la directora de ese grupo de investigación independiente, el gobierno mexicano no entregó información relevante para documentar la masacre.
Paradójicamente, el acceso público a los documentos desclasificados de la inteligencia militar estadunidense se ha convertido en la única fuente de información oficial, con un alto grado de credibilidad, sobre lo que realmente sucedió en Acteal. Aunque es un trabajo lento y minucioso, la desclasificación de documentos en las oficinas de gobierno en Estados Unidos podría dar lugar a nuevas revelaciones.
Es posible que los cables secretos de otras agencias estadunidenses como la CIA, la Agencia Antidrogas o la Oficina Federal de Investigación también contengan información sensible sobre los vínculos del gobierno mexicano con grupos armados irregulares que cumplen misiones contrainsurgentes.
Cada vez que obtenga y envíe información de la Sedena al gabinete de seguridad nacional en Washington, la agregaduría militar de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia que funcionan en México estarán produciendo información que podría ser desclasificada y volverse pública en un plazo no mayor de 10 años.
Afortunadamente para los ciudadanos de uno u otro país, los sistemas de libertad de acceso a la información pública gubernamental de ambos países resultan complementarios para comprender lo que sucede en México y ampliar el sistema de rendición de cuentas.
La impunidad de algunas operaciones clandestinas gubernamentales puede ser seriamente limitada si los grupos independientes y organismos de la sociedad civil de ambos países tienen acceso a más documentos de esta naturaleza y difunden ampliamente sus hallazgos.
Luego de la emboscada a la caravana de paz que pretendía llegar a San Juan Copala, el periodista Roger Valle cayó en manos de los paramilitares. El corresponsal en la Sierra Mixteca del diario Noticias de Oaxaca narra su experiencia como testigo del asesinato del finlandés Jiry Jaakkola, pues viajaba en el asiento ubicado detrás del chofer, en la Van blanca que encabezaba el convoy de ayuda humanitaria
Huajuapan de León, Oaxaca. Medios estatales, locales y observadores de derechos humanos empezamos a reunirnos en punto de las 8:00 horas en el Parque de la Libertad de Expresión de esta ciudad. A los pocos minutos, arriba un contingente de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para respaldar a los integrantes de la caravana por la paz, que tenían como destino la comunidad autónoma de San Juan Copala.10:35 horas. Los medios y los integrantes de comunicación de observación de Alemania y Finlandia abordamos la Van blanca con el logotipo “Frente Nacional Indígena y Campesino”, y encabezamos la caravana conformada por seis vehículos. Hasta entonces también viajaban Omar Esparza Zarate, integrante del Movimiento Indígena Zapatista, y Macario García Merino, integrante del municipio autónomo.
Los vehículos que conformaban la caravana eran una camioneta Nissan color roja, sin placas de circulación; un Volkswagen color verde; el vehículo marca Dodge, de color azul, con placas de circulación 4761-TND, del estado de Quintana Roo; una Ford Explorer de color negro, con placas de circulación EAU 51-87, del estado de Chihuahua, y una camioneta Ranger color blanca, sin placas de circulación.
13:45 horas. Arribamos a la altura de la gasolinera ubicada en la carretera federal 135 Putla-Juxtlahuaca. Se intercambian pláticas y se deciden los vehículos que entrarán a la comunidad de Copala. Antes, Omar Esparza Zárate [quien ya no acompañaría la caravana por estar amenazado de muerte] dice que les reportaron que tres mujeres fueron secuestradas y desconocen su paradero. Por ello, insiste que si la caravana detecta el camino bloqueado, no entremos.
13:55 horas. En el paraje Los Pinos, comunidad de La Sabana, nos percatamos que está bloqueada la carretera con piedras. Cuando pretendemos tomar fotografías, alguien dice: “Hay gente armada en los cerros. De pronto, una lluvia de balas cae sobre nosotros. Buscamos cómo esquivar las balas.
—Vamos, regresemos.
—Demos vuelta.
Aproximadamente 15 personas fuertemente armadas vienen sobre nosotros al momento que una lluvia de balas cae sobre la Van. Veo cuando Jiry Jaakkola cae muerto por un disparo en la cabeza. También percibo el odio de las personas que, a sangre fría, tratan de matarnos.
Los gritos de las mujeres crean pánico. No logramos coordinarnos: cada quien busca salvar su propia vida. Me tiro al piso. La lluvia de balas cruza sobre mí. Son segundos de terror interminables. Dejan de echar bala. “Están cambiando el cargador de sus armas”, grita alguien.
—Hay que salir corriendo.
Me arrastro hasta alcanzar el suelo, caigo y emprendo la huída. Las balas siguen detrás de nosotros. Pienso que somos la presa, el animal que busca escapar del cazador.
Buscamos cómo parapetarnos. Alguien grita “por aquí”. “Ya vienen, vamos”. Las balas no cesan. Tomamos caminos distintos. Sólo se escuchan detonaciones de los cuernos de chivo. Las balas zumban al romper el aire. A unos los alcanzan y los llevan presos; otros buscan la forma de salvar su vida. Parece zona de guerra: el enemigo de los defensores de derechos humanos y de los medios de comunicación tiene mucha ventaja.
Logro escapar y esconderme en un arbusto. Otros compañeros se esconden entre las piedras. Pasan más de cuatro horas. Estoy casi al lado de mi compañero Rubén Valencia (después supe su nombre). Los armados andan cerca de nosotros.
—Vámonos ?me dice Rubén.
* No, mejor no. Nos van a matar.
* ¿Alguna vez éstos han matado periodistas?
* Que yo sepa, no; pero están locos y muy agresivos.
—Se los llevan presos por el río. Ya los agarraron, los tienen a todos ? me dice Valencia.
Yo estoy tan asustado que había cerrado los ojos y no me percaté de eso. El sol penetra nuestras pieles. El dolor no nos vence. Al caer la noche, decidimos salir. Nos encomendamos a dios, a quien le doy las gracias por haberme salvado.Me doy por muerto. Ocasionalmente me preparo, pero sigo luchando porque hay cuatro personas a las que les prometí que regresaría: mi amada esposa, mi hija y mis dos hijos. Ruego a dios que me ayude.
Salimos a rastras. Luego de varios metros, caemos frente a ellos. Intentamos regresar pero a mis espaldas se escucha el cerrajear de un arma. Nos llevan presos por más de 40 minutos.
Uno de ellos nos da un discurso muy largo, que omito por motivos de seguridad. Termina de hablar. Nos permiten salir, según ellos, nos perdonan la vida. Emprendemos la caminata: 2 kilómetros, aproximadamente, pero para nosotros significa caminar el mundo en una hora.
Alrededor de las 21:35 horas salimos a la carretera. Nadie nos quiere levantar. La luna nos alumbra el camino. Al cabo de unos minutos, el conductor de un vehículo nos dice que subamos rápido. Nos lleva hasta Santiago Juxtlahuaca. Yo vuelvo a nacer.
Me comunico con mi familia, que ya está muy preocupada. Buscamos a nuestros compañeros en el hospital. Intercambiamos puntos de vista. Luego solicitamos a la policía ir por los demás desaparecidos. Lamentablemente, ninguna corporación policiaca quiere ir a la zona. Justifican su actitud: es muy peligroso.
Me pregunto cómo es posible que ninguna corporación policiaca acudiera al llamado de las víctimas de una agresión de esta naturaleza. Todos somos libres de transitar en el país sin pasaporte y sin ser molestados, dice la Constitución Mexicana. ¿Sabrán eso las autoridades?
Este suceso no se lo deseo a nadie. Es una muestra más del estado de descomposición que se vive en Oaxaca. El hecho también revela que algunos medios de comunicación y periodistas estamos comprometidos con la verdad.
Le doy gracias a dios y a todos los medios nacionales e internacionales, en especial a Noticias de Oaxaca, por todo su apoyo. Después de ver los vehículos donde viajamos y ser el segundo pasajero (detrás del chofer), no entiendo cómo sobreviví a la lluvia de balas.
Lamento el fallecimiento de Beatriz Alberta Cariño y de Jiry Jaakkola. Me alegro por mis otros compañeros que lograron salvar la vida. Les pido perdón si no los pude ayudar.
No fue nada fácil sobrevivir a este artero ataque: sólo contaba con una cámara y una grabadora que, a diferencia de las armas, no matan; pero mis herramientas de trabajo sí demuestran y plasman el estado de sitio, la agresión y la violación de los derechos humanos de las cuales son objeto los pueblos indígenas en México.
Nota original
Nota original
El Rescate
Activistas y periodistas emboscados en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, tuvieron que sobrevivir a los paramilitares; pero también a la indolencia de las autoridades políticas estatales y federales, y a la complicidad entre las corporaciones policiacas y la falange armada de la Ubisort. La presión social, nacional e internacional, replegó a los paramilitares y permitió la entrada de un periodista y un padre de familia a la zona para buscar a los sobrevivientes
El timbre del teléfono celular interrumpió la comida. El mensaje fue escalofriante: hace hora y media (14:30 horas), un grupo de hombres armados atacó la caravana por la paz que se dirigía al pueblo autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Allí viajaban Érika Ramírez y David Cilia, periodistas de este semanario.
—Hay muertos y heridos –comentó la voz–. No sabemos cuál es la situación de los reporteros.
La pesadilla para la redacción de Contralínea apenas empezaba aquella tarde del martes 27 de abril de 2010. Hasta antes de las 16:00 horas, el reporte era normal: cuatro reporteros enviados. Dos a Oaxaca, reportero y fotógrafo, y otros dos a Quintana Roo. Sus órdenes eran realizar una radiografía político electoral de esos estados y reconstruir las historias de los periodistas asesinados en esas regiones, como parte de un reportaje amplio sobre los casi 80 periodistas asesinados y desaparecidos desde que el Partido Acción Nacional asumió el Poder Ejecutivo federal.
El equipo directivo del semanario convocó de inmediato a junta y, sin mucho pensarlo, envió a Oaxaca a un equipo de periodistas para investigar el paradero y el estado de salud de nuestros reporteros Érika Ramírez y David Cilia. El grupo se trasladó a la zona en conflicto el mismo día de la brutal agresión; lo integraban el jefe de información, Zósimo Camacho; el jefe de fotografía, Julio César Hernández, y el jefe de circulación, Antonio de la Torre.
La madrugada del miércoles 28 empezaron los primeros reportes, algunos de ellos, estremecedores: tres testigos que lograron huir del ataque contra la caravana compuesta por observadores internacionales, organizaciones sociales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y periodistas, afirmaban que los dos reporteros de la revista Contralínea no habían podido escapar de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47, que disparaba el grupo paramilitar desde el monte. Aseguraban que los periodistas habían quedado abatidos en el mismo vehículo.
Para ellos, no había duda. El grupo de sobrevivientes fue entrevistado a las puertas del hospital rural 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Santiago Juxtlahuaca, cabecera municipal localizada a 100 kilómetros de La Sabana, el lugar del ataque.
A lo largo de ese día, el equipo de Contralínea intentó ingresar a la zona, a la zaga de un operativo de 10 camionetas con 50 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo del comandante regional Lázaro Hernández; un cuerpo de peritos y uno de médicos. Sin embargo, los agentes cerraron el paso al vehículo de los periodistas apenas al salir de Juxtlahuaca.
Por la tarde, el convoy regresaría con los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador de derechos humanos finlandés Jiry Jaakkola, quienes habían sido asesinados al interior de uno de los vehículos. Ante las demandas de integrantes de organizaciones sociales para que se buscara a los entonces 22 desaparecidos, la AEI inició una nueva incursión, de la que las autoridades no ofrecieron resultados.Ante el ocultamiento de información, la tarde del día 28 el grupo de periodistas enviado por Contralínea interceptó en la carretera que baja de San Juan Copala a Juxtlahuaca las grúas que trasladaban los automóviles atacados. Constató que decenas de balas penetraron los vehículos desde el costado izquierdo. En todos había rastros de sangre. Sin embargo, era claro que en la camioneta blanca Van, marca Ford, en que viajaban los activistas asesinados, la sangre había escurrido abundantemente.
Un segundo grupo de periodistas encabezado por el director y subdirector de Contralínea, Miguel Badillo y José Réyez, respectivamente, había salido muy temprano por carretera ese mismo miércoles. Por la tarde, los periodistas arribaron a Juxtlahuaca, con la intención de acercarse a la comunidad de La Sabana, lugar del ataque en contra de la caravana y cuya zona es dominada por la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en donde su líder, Rufino Juárez, decide la vida y destino de la población.
La primera llamada telefónica fue al secretario general de gobierno, Evencio Nicolás Ramírez, exprocurador General de Justicia y exombudsman de Oaxaca, a quien señalan como responsable de controlar y negociar con las organizaciones triquis, así como ser el encargado de “mantener la paz” en la región. La respuesta a la petición fue de rechazo: él no hablaría con los periodistas de Contralínea.
En Juxtlahuaca, el comandante de la Policía Estatal, Lázaro Hernández, fue tajante: “No vamos a volver a entrar, ya lo hicimos dos veces y nos dispararon, tuvimos que replegarnos; hay muchos hombres armados, no voy a arriesgar la vida de mis hombres, así que no me pida que vayamos a buscar ahorita a los periodistas. Para qué entraron, si ya sabían que era peligroso”.—Pero ustedes son la policía, ¿no deben restablecer el orden y aplicar la ley en la zona, y buscar a los desparecidos?
—Lo siento mucho, pero no, mis hombres están exhaustos; véalos, ya lo intentamos dos veces y nos tiraron, nos dispararon, están armados hasta los dientes, nos tuvimos que replegar; sólo pudimos rescatar los dos cadáveres (se refería a los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, y del observador finlandés Jiry Jaakkola) y los tres vehículos de la caravana. No nos vamos a arriesgar más, y menos de noche, allí nadie entra de noche, es muy peligroso.
—¿Por qué no hablan con los líderes y que nos dejen buscar a nuestros compañeros periodistas?
—Es muy difícil convencerlos; ya le dije, nosotros no vamos. Si ustedes quieren entrar no lo vamos a impedir, pero es responsabilidad de ustedes.
Una llamada telefónica al inspector de la Policía Estatal confirmaba la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para ayudar al rescate de los compañeros desaparecidos. Hasta ese momento, eran cuatro personas las que estaban en esa condición: los dos periodistas de Contralínea y los activistas Noé Bautista y David Venegas.
El inspector Jorge Alberto Calzada explicaba por qué no podían entrar a la zona: “Es una región muy difícil. Para entrar tenemos que pedir permiso; si los líderes nos autorizan, entonces la policía puede entrar, pero hasta el momento no hemos podido dialogar con ellos. La situación está muy difícil, muy tensa; esos hijos de su puta madre están bien armados, disparan a todo lo que se mueve. Si entramos, nos cazan, así que mis hombres no van a entrar. Hay que esperar”.
—¿Quiénes encabezan el grupo paramilitar responsable de la agresión a la caravana?
—Cuál grupo paramilitar –responde molesto el inspector Calzada–. Mira, mano, es un pinche grupo de indígenas armados hasta los dientes, que les vale madre todo y están dispuestos a matar. Sólo son eso, no hay ningún grupo paramilitar; de dónde sacan eso ustedes.
Agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional se pasean por Juxtlahuaca. Todo husmean, escuchan conversaciones, se acercan a los reporteros de Contralínea y se identifican. Buscan toda la información disponible para enviarla al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; sólo eso. Al gobierno federal no le preocupa que periodistas y civiles estén desaparecidos y menos busca el diálogo con los líderes triquis que permita la búsqueda de las personas.
Jueves 29: ya han pasado 48 horas y nada con certeza se sabe de los periodistas. Circulan versiones entre reporteros de que los cuatro desaparecidos están heridos y fueron capturados por el grupo paramilitar. Algunos dicen que los utilizarán como rehenes para exigir que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente deje la cabecera municipal de San Juan Copala y asuma el control el grupo comandado por Rufino Juárez, el líder de la Ubisort, a quien indígenas de la región responsabilizan de la masacre. Otros comentan que pedirán recompensa económica por el rescate. Sólo rumores.
Todo es confusión y las versiones periodísticas son diversas. Nadie confirma nada. Sólo dudas, miedo y nerviosismo por los muertos y heridos. Lo único cierto es que cuatro personas no aparecen y los gobiernos de Ulises Ruiz, en Oaxaca, y de Felipe Calderón, en México, no se hacen responsables de la situación y menos planean alguna operación de rescate o búsqueda. “Pinches periodistas, para que se meten allí”, se alcanza a escuchar decir a uno de los policías estatales.La situación se ha tornado alarmante. El equipo de la revista Contralínea y el padre de David Cilia, con el mismo nombre y viejo luchador social, deciden que deben entrar a la zona de conflicto para buscar personalmente a los dos reporteros desaparecidos. La decisión tomada se anuncia muy temprano en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, a quien se le informa que el viernes 30, a las 10 de la mañana, el equipo de la revista Contralínea y David Cilia padre se dirigirán al poblado de La Sabana, lugar del ataque, ante la negativa de la policía para buscar a los periodistas Érika y David.
En Huajuapan de León, a 100 kilómetros de Juxtlahuaca, la organización Cactus, a la que pertenecía la joven mujer acribillada en el ataque, Beatriz Alberta Cariño, organiza una conferencia de prensa para que familiares y compañeros de los asesinados y desaparecidos puedan hablar con los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.
En pleno desarrollo de la rueda de prensa, una llamada de la procuradora general de Justicia de Oaxaca entra al celular del director de Contralínea, quien le dice que “el gobierno de Ulises Ruiz está muy preocupado por los hechos violentos y que han iniciado un trabajo investigativo para dar con el paradero de los dos periodistas”.
¿Pero quién los está buscando, si los comandantes de la policía y su jefe, el inspector Calzada, dicen que ellos no van a entrar porque les disparan?
—Lo que está haciendo la Procuraduría es reconstruir los hechos desde el primer día que llegaron los periodistas a Oaxaca, para saber en dónde se hospedaron y a partir de allí iniciar la búsqueda.
—Pero si ellos llegaron a Oaxaca hace ocho días, procuradora, y ya sabemos que hace dos días viajaban con la caravana cuando en el pueblo de La Sabana los emboscaron los paramilitares. ¿Por qué no arman un operativo policial y entran a buscarlos? Nosotros los acompañamos.
—Primero estamos buscándolos para estar seguros de que no están escondidos en algún hotel de Oaxaca; tenemos que reconstruir su ruta…
—Procuradora, lo que se necesita es buscarlos en el monte, creemos que están heridos y ya pasaron dos días.
—No podemos entrar así nada más; es una zona de mucho conflicto y la gente está armada, se tiene que pedir permiso a las comunidades y…
—¿Si ustedes no pueden, por qué no piden ayuda al gobierno federal, al Ejército?
—Eso tampoco se puede hacer.
—Adiós, procuradora.
El mismo jueves 28, Zósimo Camacho recibió una llamada a su teléfono celular. El de la voz se identificó en voz baja como David Venegas: “Yo estuve hasta hoy en la mañana con tus compañeros; porque son tus compañeros Érika y David, ¿no?; les prometimos que te llamaríamos en cuanto llegáramos a donde tuviéramos señal”, dijo entre aturdido y emocionado.
David Venegas y Noé Bautista, activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, habían roto el cerco paramilitar. Llegaron a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca al medio día, luego de ocho horas de camino por el monte.
Con voracidad, comieron pan dulce y bebieron soda. Bautista, receloso y atemorizado, mostró a hurtadillas las heridas de bala que padecía en su costado izquierdo.
Los sobrevivientes llegaron también con la prueba de que los reporteros se encontraban vivos y a la espera de ser rescatados: una videograbación captada con un teléfono celular horas después del ataque. El enlace de los periodistas con la sociedad era un video de menos de tres minutos en el que David Cilia mostraba su pie herido y Érika Ramírez dejaba en claro que no morirían de las heridas producidas por el taque paramilitar, sino de la inacción del gobierno estatal de Ulises Ruiz.
La grabación, difundida por Contralínea, mostró a los periodistas a salvo, pero con el temor de ser encontrados por los paramilitares.
No había más que hacer ante las autoridades de Oaxaca. Los periodistas empezaron a planear cómo ingresar a la zona, con el menor riesgo posible, para iniciar la búsqueda, pero antes se le avisaría a los medios de comunicación y a las autoridades de esa decisión.
A las 13 horas del jueves, el inspector de la Policía Estatal se vuelve a comunicar vía telefónica e informa que harán un operativo con todos los policías para entrar al área en conflicto, y piden que los periodistas no entren solos: “Tenemos instrucciones de darles protección para evitar una nueva desgracia”. El problema, dice el inspector Calzada, es que sólo podrá ir un periodista en el helicóptero de la policía, porque no hay espacio.
La estrategia de entrar a la zona de conflicto el viernes por la mañana se había modificado. El aviso de que nuestros compañeros estaban vivos, aunque heridos y hambrientos, animó al equipo de Contralínea para iniciar la búsqueda esa misma tarde de jueves. De esa decisión se informó al inspector de la policía Jorge Alberto Quezada, quien alarmado pidió tiempo para que los periodistas fueran acompañados por policías y pudiera aterrizar el helicóptero desde donde serían trasladados al área de conflicto.
La aeronave llegó a Juxtlahuaca a las 16:30 horas y fue abordada por el director de Contralínea y el padre de David Cilia. Los acompañaban tres elementos fuertemente armados del grupo de fuerzas especiales del estado. Por tierra, 10 camionetas-patrulla se observaban desde el helicóptero y abordo iban 50 efectivos policiales armados con fusiles de asalto, seis comandantes y cuatro delegados de la Policía Estatal. En total, 60 efectivos policiacos que ingresarían a la zona para cubrir la búsqueda.
Desde Juxtlahuaca, el presidente de la Ubisort, Rufino Juárez, “coordinó”, junto con el comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Lázaro Hernández, la entrada del operativo de rescate. Más tarde, el comandante policiaco reconocería que el ingreso de Miguel Badillo, David Cilia Olmos y los policías a las inmediaciones de la comunidad de La Sabana fue realizado con la “autorización” del líder del grupo paramilitar al que se le atribuye la agresión.El helicóptero con el periodista y el familiar abordo descendió en una zona neutral del municipio de San Juan Copala y, a partir de allí, los comandantes responsables del operativo se trasladaron hasta la población de La Sabana, en donde negociaron con el líder Rufino Juárez que permitiera la búsqueda de los dos reporteros.
El convoy de policías y los dos civiles se trasladaron hasta el lugar donde fue la emboscada y perdieron la vida dos personas y otras cinco resultaron heridas. A partir de allí, David Cilia Olmos y Miguel Badillo entraron solos al monte en busca de los desaparecidos, quienes llevaban más de 50 horas escondidos entre árboles y arbustos.
Molesto por la presencia de intrusos, el líder de la Ubisort, Rufino Juárez, propuso a los policías que 30 mujeres triquis los acompañaran en la búsqueda, pero David Cilia padre rechazó el ofrecimiento, pues eran habitantes del mismo pueblo en donde se había cometido la agresión.
El sol caía y su luz cada minuto que pasaba era más tenue. Después de tres horas de la primera incursión de rescate, la búsqueda fue infructuosa. Llegó la noche y las órdenes de los policías fueron suspender el operativo y retirarse del lugar. Para convencer de suspender la búsqueda, el comandante a cargo prometía regresar al siguiente día para continuar. Pero Cilia y Badillo habían decidido no retirarse del lugar hasta dar con los periodistas y así se lo hicieron saber. Eso discutían con los comandantes cuando un indígena se acercó al convoy policiaco y alertó de que el reportero David Cilia se había comunicado con un radio portátil pidiendo ayuda y decía que no abandonaran la búsqueda, que él y Érika se arrastraban por el monte hacia la carretera en donde veían a lo lejos las luces de las patrullas.
Los comandantes a cargo del operativo policial no creían la versión del indígena triqui y ordenaron salir de la zona. Cilia y Badillo discutieron con ellos y se opusieron a abandonar el lugar. Los policías aceptaron y regresaron al punto inicial de búsqueda, en donde había sido el ataque con armas de fuego. Eran las 20:00 horas y la noche había ganado el espacio.
El nerviosismo en los policías volvió y así inició la segunda incursión a las montañas, sólo que esta vez un indígena triqui, de la comunidad de San Juan Copala, guiaba la búsqueda, seguido del periodista, el padre del reportero y seis policías.Casi tres horas después, hasta las 22:40 horas, la caravana de auxilio encontró desfallecidos y hambrientos a los dos reporteros. David, herido de tres balazos, fue levantado en hombros por el periodista y los policías hasta alcanzar la carretera. La reportera Érika Ramírez prefirió caminar para salir más rápido del lugar.
Como parte del convoy policiaco, los periodistas fueron trasladados al hospital más cercano de Juxtlahuaca, a unos 100 kilómetros de distancia, por un camino de terracería. A la una de la madrugada del viernes 30 de abril, Érika y David ingresaban al hospital del IMSS para su atención.
Al medio día, el timbre del teléfono celular sonó nuevamente. Recién había concluido la conferencia de prensa en el hospital de Juxtlahuaca, donde Érika Ramírez, periodista sobreviviente, señaló que la emboscada contra la caravana de paz demostró al mundo la impunidad con la que operan los paramilitares en México. Entonces Ulises Ruiz Ortiz decía a Miguel Badillo:
—Te ofrezco un avión para trasladar a tu reportero (David Cilia) a Nueva York. Yo pago los gastos médicos de su recuperación.
El director de este semanario agradeció la “ayuda” del gobierno estatal. A las cinco de la tarde de ese mismo 30 de abril, los periodistas de Contralínea regresaron a México por tierra. La pesadilla que duró más de 60 horas había terminado.
Ni el Ejército ni la Marina actuaron ante el ataque paramilitar que se perpetró en Juxtlahuaca contra la caravana internacional de paz, aun cuando en México se libra una “guerra” contra el crimen organizado, señala el defensor de derechos humanos Ramírez Baena. La omisión –indica– se dio a pesar de que la Ubisort empata en la definición de “grupo ilegal”: los atacantes fueron más de tres, vestían uniforme camuflado y capuchas, y portaban armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas. “La violencia en Oaxaca, para que Ulises Ruiz preserve al PRI en el poder”
Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policiaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaba víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, asediada y aislada por los paramilitares de la Ubisort por ser opositora al régimen de Ulises Ruiz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:
1. En 2001, en el marco de la caravana zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.
Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada Ley Cocopa, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma al artículo 2 constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.
2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la autonomía de facto de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.
3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
4. Ulises Ruiz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista estadunidense independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruiz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.
5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 27 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia), integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la Ubisort afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jiry Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia (herido), estuvieron desaparecidos, escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…) Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruiz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.
6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (exprocurador General de Justicia del Estado, exombudsman de Oaxaca y expresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas ni con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruiz responsabilizó a la coalición PAN-Partido de la Revolución Democrática-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.
7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) accedieron a organizar un seminario con invitados internacionales y representantes de las organizaciones no gubernamentales, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal mecanismo, por principio de cuentas debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a “la voluntad política del gobierno” de Ulises Ruiz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.
8. Si los atacantes de la Ubisort a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas, provocando dos muertos, cinco heridos y cuatro desaparecidos, sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del Ejército o la Marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruiz? Sólo pregunto.
Paramilitares: Arma gubernamental contra la sociedad
Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político.
Las brigadas asedian a caseríos y poblaciones rurales; sus elementos ocupan veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos hasta obligarlos a vender sus tierras o huir de la zona. Desaparecen y aniquilan de modo selectivo a los pobladores de una región; sus escuadrones de la muerte siembran el terror en los barrios, al tiempo que asaltan albergues de migrantes y de adictos. Son los paramilitares que sirven al Estado.
Ese fenómeno es viejo en América Latina. En la década de 1960 se crearon pequeños grupos para realizar misiones específicas y después se organizaron tropas paramilitares para actuar en forma más prolongada, como el caso del Batallón Olimpia, que intervino en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Eran militares vestidos de civiles que realizaron una tarea específica de manera encubierta y clandestina.
Para Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano, los paramilitares son una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son exmilicianos o excriminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos.
“Hacen cosas que no hacen los militares, como lo sucedido en Colombia, Argentina y Chile. Incluso Estados Unidos lo hace al privatizar el combate contra civiles en Irak y Afganistán a través de las fuerzas paramilitares de Blackwater”, agrega el investigador en temas internacionales.
La afirmación de Jalife Rahme se sostiene en el informe que presentó, el 1 de septiembre de 2007, el Comité de Reformas Gubernamentales y Supervisión Interior del Congreso de Estados Unidos. Ahí se indica que la empresa de seguridad Blackwater, que opera en Irak, se ha visto envuelta en varios escándalos. Es “una organización fuera de control que permanece indiferente ante la muerte de civiles iraquíes”.
De acuerdo con el antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas, el rastro de un segundo grupo paramilitar en la historia contemporánea de México actuó en el mismo marco del conflicto estudiantil: Los Halcones. Este grupo fue entrenado por los militares. En ese contexto se integró la paramilitar Brigada Blanca, que por muchos años actuó con estructura de mando, es decir, con jerarquías militares involucradas, señala el intelectual.
Este grupo fue conocido por la opinión pública mexicana luego de que Amnistía Internacional (AI) señalara, en su informe de abril de 1977, que eran numerosas las denuncias de aprehensiones y subsecuentes detenciones, practicadas por autoridades administrativas, policiacas o militares, “en violación a las garantías constitucionales”.
AI denunciaba: “Hay fuertes indicios de que agentes del poder público practican detenciones extralegales, que las víctimas y sus familiares asimilan, no injustificadamente a secuestros”.
Después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, brotaron en Chiapas otros grupos de corte paramilitar. Advierte López y Rivas, expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que debe distinguirse a las guardias blancas de finqueros y terratenientes de los grupos paramilitares. En su opinión, la escuela chiapaneca de formación de paramilitares sigue la experiencia guatemalteca, en donde estos grupos se nutren de elementos de extracción indígena bajo la idea de que “la cuña debe ser del mismo palo”.
Recuerda que, siendo presidente de la Cocopa, presentó una denuncia (cuya asesora legal fue la ya fallecida defensora de derechos humanos Digna Ochoa) sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Afirma que, en una reunión de esa Comisión con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, le informó que la Procuraduría tenía el registro de al menos 12 grupos que podían ser considerados paramilitares, aunque empleaban un eufemismo para calificarlos: “grupos de civiles presuntamente armados”.
Actualmente, señala el intelectual, grupos como el Ejército de Dios –que opera en Chiapas– es ejemplo de la modernización del paramilitarismo mexicano. Llama la atención al hecho de que, en 2008, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) denunció que realizaba combates en dos frentes: por un lado, contra el ejército contrainsurgente, y por el otro, contra grupos de sicarios que el Ejército usa para ubicar a la guerrilla y ajusticiar a sus simpatizantes.
Para Gilberto López y Rivas, los paramilitares son empleados para incursiones militares en ciertos poblados. Su dicho se respalda con lo que el 24 de marzo de 2008 declararon Rodolfo y Ramón, milicianos del ERPI, al diario La Jornada, cuando afirmaron que “ya hay células de grupos paramilitares en Metlatónoc, Guerrero, y en otras zonas de La Montaña, o en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”.- Origen oscuro e ilegal
La existencia de mercenarios que realizan sus acciones en nombre del Estado no es nueva, pues se dio en la Edad Media. Eran personas a sueldo que tenían la cobertura del príncipe en turno, como las compañías de lanceros (de unos 100 hombres) y que dio origen al término anglosajón freelance, señala Jalife Rahme.
En la actualidad, los mercenarios de la empresa multinacional Blackwater están desplegados en Irak y Afganistán, y según cálculos que cita Jalife, constituyen una tercera parte de las fuerzas que libran combates en ambos países. “No existe una cifra confiable –explica el experto–, pues la dejan a propósito abierta o incierta, laxa”. Hace notar que, para engrosar las filas de mercenarios y paramilitares, el gobierno estadunidense contrató a los francotiradores que participaron en la guerra de los Balcanes. “Ahora están contratando a cierto grupo y les pagan de 5 mil a 10 mil dólares al mes, lo que es una fortuna”.
Como muestra de la gran colusión entre el Estado y los paramilitares, existe la protección que gozan cuando se les acusa de sus crímenes. Exclama: “¡Nunca se les persigue, es muy raro cuando eso ocurre! A veces se hacen juicios de tipo chivo expiatorio cuando se les pasa la mano”.
En su opinión, la práctica paramilitar se escenifica en tres escenarios: uno, en caso de guerra irregular, porque los soldados no pueden hacer abiertamente las acciones que se asignan a estos cuerpos; el otro, es cuando existe una gran situación de caos, pues eso permite al Estado “tomarse revanchas contra sus enemigos o rivales”, y el tercero, un escenario de paramilitarismo latente, como fuerza disuasiva.
Para esos tres escenarios, Jalife Rahme considera que se trata de mercenarios adoptados por el Estado, aunque no de forma directa, “porque obviamente eso atenta contra presupuestos y la transparencia de la democracia”. El paramilitarismo es el lado oscuro de los Estados fascistas.
En este momento, asegura el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal es el caso de algunos gobernadores, “incluso del mismo gobierno federal”, que sostiene a cuerpos ligados a las fuerzas policiacas.
Por su parte, López y Rivas refiere que para conocer la naturaleza del paramilitarismo es necesario observar que son grupos irregulares, clandestinos que actúan bajo una conexión –igual, irregular, ilegal y clandestina– con el gobierno, con el Estado. Generalmente están adscritos a la Sección Segunda del Estado Mayor, que es la inteligencia militar. Describe que el paramilitarismo “es una extensión de las Fuerzas Armadas por otras vías”.
Asegura que el paramilitarismo tiene sus raíces en las escuelas de contrainsurgencia que puso en activo el gobierno estadunidense después de su derrota en Vietnam y que se continúan en las llamadas guerras de cuarta generación, que recogen toda la experiencia de las fuerzas armadas del Pentágono en el mundo.
Bajo esa lógica, los paramilitares en México reciben entrenamiento, apoyo en armas y municiones, cobertura de inteligencia, de comunicaciones y todo lo que tiene que ver con su acción. En muchas ocasiones, son pagados directamente por esta inteligencia militar o de la Sección Segunda del Ejército.
En Colombia así operaron los grupos paramilitares: comenzaron como las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora continúan las Águilas Negras. El informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que se presentó en agosto de 1998, ya citaba que la policía y el ejército colombianos eran acusados de complicidad por abstenerse de intervenir para prevenir o proteger a los civiles de las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares. “Esto contribuye a crear un ambiente de terror entre la población de Barrancabermeja y Urabá”, explicaba el informe.
En todos los casos, ya sea a través de ramificaciones ultrasecretas o abiertas, el paramilitarismo es un fenómeno de la represión del Estado “por otras vías”; es el ejercicio de la acción autoritaria y de la violencia extrema del Estado, particularmente contra grupos de disidencia, de resistencia o de carácter revolucionario, señala López y Rivas.
En México se sigue el esquema uribista, porque Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ha sido el paladín de este tipo de planes o proyectos, llámese Iniciativa Mérida o Plan Colombia o Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, indica el también profesor de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos
Hace ver que los militares mexicanos recurren a la estrategia de enviar soldados de línea debidamente disfrazados a cometer asesinatos particularmente de jóvenes, que luego son acusados de delincuentes. “Sea esto real o no, responde a la idea de la limpieza social”, explica el autor del estudio Autonomías, democracia o contrainsurgencia (2004).
Sostiene que esa “limpieza social se dio en Colombia cuando se elegía como víctimas del paramilitarismo a jóvenes de la ciudad o del campo, que por algún motivo disgustan a los aparatos de poder y son usados como cadáveres útiles por los soldados regulares o mercenarios que así cobran las recompensas. Pero también hay una limpieza social en el sentido de que en aquel país también se registra en la lista de los llamados falsos positivos (es decir, a los presuntos criminales) a los discapacitados o jóvenes con ideas democráticas”.
Incluso están haciendo limpias de pequeños delincuentes; los que ya distribuyen drogas y se les persigue bajo un criterio de mercado para normarlo, pues se prefiere tener a un solo distribuidor en lugar de muchos.
Gilberto López y Rivas anticipa que, en México, ya empieza a haber esa limpieza social “dentro de estos 22 mil 700 muertos que Felipe Calderón desprecia”, porque, según las autoridades, se trata de muertes entre criminales. La mayoría, insiste, es joven de entre 17 y 25 años, y que constituye o no un sicariato, pero muchos se incorporan como objetivos a partir de las necesidades que tienen los militares y los policías de justificar tanto sus salarios como sus acciones en contra del narcotráfico y del terrorismo.
Para el especialista, el paramilitarismo colombiano es una especie de espejo en el que se reflejan el paramilitarismo guatemalteco y mexicano. Cuando se observan en México esas demostraciones de crueldad infinita, como las decapitaciones, se deben definir como el “terror de Estado por otras vías”, como el terrorismo, señala.
Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en México es una guerra social: “Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en los campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir”.
Para Jalife Rahme, el que los grupos paramilitares que operan en los estados más pobres de México, como Oaxaca, actúen de manera más visible y en una circunstancia previa a las elecciones “es muy interesante, macabramente hablando”.
Se refiere a la emboscada que sufrió la caravana internacional de paz que intentaba llevar ayuda humanitaria a la comunidad autónoma de San Juan Copala, en el municipio de Juxtlahuaca, y que cobró la vida del finlandés Jyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño.
“Estamos regresando a los gorilatos. La juventud de ahora no tiene esa memoria. Oaxaca es un estado gorila y no hay que perderlo de vista, la prensa europea es muy importante porque tiene que venir con el gobierno federal y aquí tiene que dar luz”.
Describe que en esa acción “les salió el tiro por la culata; cometieron un error”, pues son criminales no bien entrenados y muchos de ellos no midieron el impacto y la presión internacional por sus acciones. Este analista de la escena internacional refrenda que “toda la escoria de la criminalidad se concentra en los paramilitares y su objetivo único es cumplir en forma siniestra los objetivos que no pueden hacer en forma democrática los Estados. Por eso, creo que se debe ser muy severo en contra de ellos”.
La solicitud de RabasaEn enero de 1972, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Emilio O Rabasa, envió un telegrama al Departamento de Estado en el que confirmaba el “repetido interés personal” del presidente Luis Echeverría Álvarez en el programa de entrenamiento para elementos de la policía mexicana en Estados Unidos. Bajo el encabezado “Confidential México 232”, el telegrama, emitido desde la embajada en México y dirigido a la Secretaría de Estado en Washington, DC, explica en el punto número 1 que el secretario de Estado Mc Bride “esperaría recibir al Coronel Díaz Escobar en Washington”, y más tarde concertar los arreglos de un programa satisfactorio para estos jóvenes mexicanos. El punto 2 del telegrama indica que reportaría las opiniones de Rabasa y seguirá su contacto con él sobre el tema. El documento fue desclasificado el 9 de junio de 2002 y está firmado por Mc Bride. El marco de fondo de este mensaje se refiere al acercamiento del canciller mexicano Rabasa con Robert McBride, a quien presentó la solicitud del presidente Echeverría para que Washington emprendiera un programa de entrenamiento policiaco para un grupo de las fuerzas de seguridad mexicanas. La visita de Rabasa a Washington fue seguida de otras, como la del subsecretario de Relaciones Exteriores, José S Gallastegui, y del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. A este militar es al que alude el telegrama de la embajada estadunidense en México, el 6 de enero de 1972. Según ese documento, Díaz Escobar dijo que los hombres estarían “particularmente ansiosos” de capacitarse en “control de multitudes, negociación con manifestaciones de estudiantes y reyertas”. También, les interesaba capacitarse en tácticas de defensa física y combate mano a mano. De acuerdo con la embajada estadunidense en México, Díaz Escobar era un coronel del Ejército Mexicano que, entre otras cosas, “también está a cargo de un grupo de individuos conocidos como Los Halcones. Aclara el mensaje dirigido al secretario McBride que este grupo fue responsable de acabar con la ostensible marcha estudiantil (del 4 de noviembre de 1970) para celebrar la victoria electoral del presidente chileno Allende”. Agrega que Los Halcones usaron varas de bambú en este esfuerzo “y fueron identificados por los estudiantes y descritos como personas violentas”. Señala que los miembros de esta organización son aproximadamente 2 mil. (NE) |
Desde 1998 se pidió a la ONU actuar contra paramilitaresEl 3 de agosto de 1998, en Ginebra, Suiza, en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió la delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por Jean Barth, Erika Hennequin, vicepresidenta de los verdes de Suiza; Anne Plattner, de Suiza, Teresa Niubo, e Ignacio García de Catalunya (Estado español), con la comisionada Mary Robinson. La entrevista duró 50 minutos. Ahí se presentaron las conclusiones y recomendaciones del informe de la CCIODH. Erika Hennequin, recién llegada de Chiapas, informó a la comisionada Robinson sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en la zona del bosque chiapaneco y aseguró que “la intervención del Ejército y seguridad pública” desmanteló el municipio autónomo de San Juan de la Libertad. Una de las partes del informe, decía: “No pecamos de exageración si afirmamos que la situación actual es peor que la que observamos en febrero de 2008. Puede consultar infinidad de informes con datos sobre la actividad de los grupos paramilitares, sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en operativos sobre la población. La lentitud de justicia para clarificar los hechos de Acteal y la rapidez con que interviene, con todo lujo de irregularidades incluso denunciadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las comunidades en resistencia.” El informe señalaba que el 10 de junio anterior, la intervención de las fuerzas armadas provocó la muerte de ocho campesinos y “la dramática situación de la población civil, en especial de las mujeres y los refugiados por causa de la guerra”. Por ese escenario, la CCIODH sugirió la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas realizara un informe sobre la situación de los derechos humanos en la zona de conflicto. (NE) |
Estado, instigador de particularesHina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, presentó, en abril de 2002, el Informe sobre la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Colombia. Entre los principales temas que preocuparon a la delegación que ella encabezó, durante su visita a aquel país, entre el 23 y 30 de octubre de 2001, destaca que fue el centrarse en los asuntos por los cuales el Estado colombiano es “directamente responsable; vale decir, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o por particulares que actúan instigados por o con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades públicas”. Agrega el informe que la representante especial no hace referencia a aquellos asuntos en los que los grupos armados al margen de la ley (grupos guerrilleros) se encuentran involucrados. También, la preocupación se extiende al “ambiente de impunidad” que rodea las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Por tal razón, el informe describe que “el Estado es jurídicamente responsable”, tanto por los ataques perpetrados directamente por las fuerzas armadas colombianas, como por los perpetrados “por organizaciones paramilitares. Describe que la representante especial “pudo observar que los grupos paramilitares son los principales responsables” de las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, entre las recomendaciones que emite el informe de Jilani, destaca: “Combatir el paramilitarismo en forma eficiente y desmantelarlo de forma definitiva, mediante la detención, el procesamiento y la sanción de todo aquel que promueva, dirija, participe, apoye o financie este fenómeno”. (NE) |
Se rompe el cerco paramilitar
por Miguel Badillo, Zósimo Camacho
San Juan Copala, Oaxaca. Todos los días, desde hace seis meses, hombres armados apostados en los cerros que rodean Copala disparan a todo lo que se mueve. La orden que recibieron, cuenta uno de ellos, es que nadie salga ni entre a este pequeño pueblo de la región triqui oaxaqueña. Así, evitan que llegue el abasto de comida, agua potable y medicinas a las cerca de 800 personas que, hambrientas, sobreviven atrapadas en este infierno.
Cualquiera que intenta cruzar por montes y veredas con rumbo al pueblo de Copala, principal centro ceremonial de la comunidad triqui, se enfrenta a las ráfagas de metralletas AK-47 y rifles R-15 que portan grupos armados, como el que disparó aquella tarde del martes 27 de abril en contra de la caravana por la paz, que encabezaban defensores de derechos humanos y que tuvo como saldo dos muertos y una decena de heridos.
Diez días después de aquel ataque armado, en donde resultó herido con tres disparos de bala nuestro compañero fotógrafo David Cilia (lo que lo mantiene, hasta el cierre de esta edición, internado en un hospital de la ciudad de México) y junto con la reportera Érika Ramírez tuvieron que correr y esconderse por casi tres días en el monte para salvar la vida, otros tres reporteros de Contralínea (Zósimo Camacho, Julio Hernández y Miguel Badillo) han llegado a la región dominada por los triquis para terminar el trabajo periodístico inconcluso: entrar a San Juan Copala y describir el terror que viven aquí niños, mujeres, ancianos y los pocos hombres que aún quedan.
El viernes 7 de mayo, un grupo de 12 indígenas, simpatizante del Municipio Autónomo de San Juan Copala, se comprometió a guiar a los periodistas y escoltarlos hasta esta cabecera municipal, aun con el temor y el riesgo para los triquis de perder la vida en el intento.
La primera recomendación a los reporteros fue evitar llamar la atención entre los habitantes de los pueblos que rodean Copala, en donde las organizaciones Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Movimiento por la Unificación de la Lucha Triqui Independiente (MULTI) tienen sus bases. La segunda recomendación a los periodistas fue ocultarse hasta que llegara el momento de partir. No se sabe ni hora ni día. Simplemente hay que esperar.Tres días transcurrieron, hasta la noche del lunes 10, cuando los indígenas triquis vuelven a hacer contacto y acordamos los términos de la incursión hacia el pueblo de Copala: el ingreso será de noche, lo que dificultará el acceso, pero dará una oportunidad más para evitar cualquier agresión; nada de lámparas ni luces que puedan llamar la atención de los francotiradores; hablar lo menos posible y sólo cuando sea necesario hacerlo en voz muy baja; vestir de negro para perdernos en la oscuridad de la noche y llevar botas y mochila con medicamentos para la atención de alguna posible herida de bala; si nos disparan, tirarnos al suelo y avanzar lo más rápido posible para eludir las balas y perdernos de los agresores; resistir el tiempo necesario en el monte hasta encontrar el acceso más seguro y, lo principal, mucha suerte, porque para entrar a Copala se necesita eso y más.
La columna informativa que integran 12 triquis-guías y tres periodistas inicia su marcha por el monte. Seis indígenas van al frente y otros seis en la retaguardia. Los reporteros, en medio de la columna para mayor protección. La instrucción es guardar distancia entre nosotros para evitar ser blanco fácil ante un posible ataque, lo que dificulta aún más el camino; la oscuridad impide ver a medio metro de distancia, sólo el ruido del andar de los indígenas sobre hojas y ramas secas orienta la ruta a seguir. Las caídas y tropiezos de los reporteros son constantes; el peligro de caer en alguna barranca invisible es latente, pero nadie puede detenerse si queremos llegar con vida a Copala. Debemos avanzar lo más rápido posible durante la noche y, de vez en cuando, descansar a petición de los tres de en medio.
El sudor agobiante embarra y pega las hojas y ramas de los árboles en el cuerpo. Los mosquitos e insectos nos acompañan todo el camino: los brazos y piernas empiezan a llenarse de bolas por las picaduras conforme avanza la columna y nos internamos cada vez más en estas rudas montañas. A pesar del peligro, estamos seguros de que no nos equivocamos en querer documentar y contar la historia que vive San Juan Copala.
La ruta es acompañada por constantes disparos que retumban en el silencio de la montaña. Son tiros de advertencia para aquel que se atreva a cruzar por su territorio. La angustia y miedo invaden el cuerpo. Un escalofrío inevitable nos atraviesa de sólo pensar encontrarnos de frente a cualquier grupo armado que patrulle el área. Nuestros guías se mueven rápido, cubren una amplia área de protección; pero al final de cuentas, los grupos paramilitares, también integrados por indígenas, saben dónde vigilar para impedir que alguna persona, sobre todo periodistas, como ya lo demostraron en el ataque a la caravana por la paz, se les pueda colar hasta Copala y dar cuenta del infierno en que tienen metidas a unas 100 familias triquis que quedaron atrapadas en el lugar y no pudieron o no quisieron abandonar el sitio.
Agotados, a lo lejos se ven las luces de velas que alumbran algunas casas del pueblo desierto. Después de varias desesperantes horas, nos acercamos a Copala. En el pueblo no hay energía eléctrica. El motivo es que cortaron los cables desde hace seis meses, cuando iniciaron los ataques de la Ubisort y el MULT en contra de los habitantes que apoyan la presidencia autónoma de San Juan Copala, ahora en manos de simpatizantes del MULTI.
En la región se libra una lucha por el control político y económico del lugar. Viene un periodo electoral en Oaxaca y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Ubisort, no está dispuesto a dejar a su suerte al municipio de San Juan Copala, en donde las nuevas autoridades afiliadas al MULTI no quieren saber nada de los partidos políticos, a los que culpan de robarse cada año las partidas presupuestales de los ramos 28 y 33 del erario. Algo sabrán estos indígenas de injusticias, abusos y atropellos de la autoridad, igual que otros 100 millones de mexicanos.
Hemos llegado a la zona más complicada del trayecto. Copala está a menos de 1 kilómetro de distancia. Aquí, en la oscuridad de la madrugada, la vigilancia de hombres armados se vuelve más latente. Hay que esperar, agazapados, entre rocas, arbustos y árboles. Para sorpresa nuestra, el lugar donde nos escondemos sirve de base para francotiradores de alguno de los grupos agresores. La prueba de ello está en el suelo, entre hierbas y hojas de árboles encontramos muchos casquillos de rifles R-15 y AK-47. Eso tensa la espera. Los mismos indígenas, que siempre hablan en triqui, se ven preocupados y nerviosos. Quieren abandonar rápidamente el área, pero deciden esperar y no acelerar el ingreso a Copala.
Una dudosa decisión se ha tomado. En cuanto iniciamos el descenso del último cerro hacia el pueblo, empieza el estruendo de las ráfagas de metralletas, como si los paramilitares esperaran el momento propicio para ejecutar a toda la columna informativa. La orden de nuestros guías ha sido no detenernos. El miedo nos hace cumplirla y no mirar atrás, como si quisiéramos ganarle a la velocidad de las balas que cruzan chiflando por el viento. Inevitablemente hay que pasar por una zona descubierta, que aun con la ropa negra que llevamos y la ayuda de la oscuridad de la noche, a nosotros nos parece que somos muy visibles, tanto como un foco prendido en una habitación.
Pero sólo es el miedo de los 15 que hemos ingresado a las solitarias calles de Copala. Llegados al pueblo, nos movemos con precaución entre calles y las paredes de las casas. Los guías nos advirtieron que algunas familias, que también permanecen encerradas en sus viviendas, simpatizan con los grupos opositores al Municipio Autónomo y sería muy delicado que dieran aviso a los hombres armados de que extraños hemos entrado al pueblo. No queremos hacer ruido, pero los ladridos de los perros nos delatan y antes de que miradas extrañas nos vean, ingresamos a salvo y agotados a una vivienda que nos protege.
La huida de Copala
Hemos recogido los testimonios y relatos de los sobrevivientes de Copala. Durante nuestra incursión, recorrimos parte del pueblo entre los disparos que nunca cesaron. Desobedecimos a los guías, que nos pedían no salir de la casa. De hacerlo, no habría tenido sentido llegar hasta Copala y perder la oportunidad de mirar y vivir en carne propia lo que cientos de mujeres, niños y ancianos indígenas triquis padecen todos los días.
Para los agresores, toda hora es buena para amedrentar y amenazar a la población. En las noches, ráfagas de metralleta quitan el sueño. En el día, sólo unos cuantos, sobre todo mujeres y niños, se atreven a cruzar corriendo las calles para evadir los disparos y buscar alimentos.
Notas, fotografías y videos de Contralínea dan ahora cuenta del peligro que representa vivir aquí. Es el primer material periodístico tomado desde adentro de Copala. Como parte de Contralínea, nuestros dos compañeros agredidos, Érika y David, deben estar orgullosos de que su intento por llegar a ese municipio, hasta que un ataque armado lo impidió, no fue en vano. Por ellos y por lo que les sucedió, el equipo de Contralínea decidió concluir su misión de informar del asecho en que viven decenas de familias triquis a manos de paramilitares tolerados, por decir lo menos, por el gobierno de Ulises Ruiz.
Nuestro grupo indígena de protección ha estado atento en todo momento de la seguridad de los periodistas, aunque aquí, en Copala, nada es seguro. Lo único cierto es que ha llegado la hora de salir de este pueblo olvidado por los gobiernos, los ejércitos y los policías. Otro martirio está a punto de comenzar: volver al monte y abrirnos paso entre la maleza, aunque más preocupante es librar los retenes y las guardias blancas que están dispuestas a no dejarnos huir de sus territorios controlados.
Nuestros guías han trazado una ruta distinta. Nos explican que ésta es más larga, pero más segura. Ninguno de los reporteros se queja, los tres asentimos con la cabeza sin hablar. Nos miramos cansados y mugrosos, porque el servicio de agua fue cortado también por los grupos agresores. La única oportunidad de bañarse es en el río más cercano, pero nadie se arriesga; preferimos mantenernos sucios dos o tres días.
Nuevamente estamos en manos de 10 indígenas triquis. El grupo se ha reducido: dos de nuestros guías se han quedado en la zona de conflicto. Esperamos nuevamente la noche para salir del lugar. Nos han advertido que, esta vez, la caminata será más larga, hasta alcanzar quién sabe qué carretera a la mañana siguiente. Los periodistas estamos listos. Otra vez, los indígenas vuelven a arriesgarse para acompañarnos y sacarnos del lugar con vida.
Ansiosos, esperamos la noche. Apenas hemos comido durante los tres días tortillas, frijoles y chile. Pero nos sentimos fuertes para partir, más por miedo y ganas de huir del lugar. Todo ha sido una pesadilla que apenas duró poco más de 48 horas. Los habitantes de Copala llevan seis meses en esas condiciones. Desde finales de noviembre, viven encerrados en sus casas, sin poder salir, y cuando lo hacen, simplemente arriesgan la vida.
La columna informativa ha iniciado su retorno a no sabemos qué lugar del camino. Las instrucciones han sido las mismas. Con mayor énfasis, nos indican no hacer ruido cuando caminemos, lo que se vuelve imposible ante los tropiezos y caídas constantes de los reporteros. Más cuando esta noche especialmente es más oscura. No hay luna y el cielo está nublado. No logramos ver a nuestro compañero que va enfrente. Es más, decidimos agarrarnos de las mochilas para no perdernos y seguir la ruta de los guías.
La salida de Copala es igual. Rápido hacia el monte para protegernos de los disparos entre los árboles. Una vez más, las balas pasan chiflando cuando rompen el viento. Esta vez los disparos los sentimos más cerca de nosotros, como si los grupos armados estuvieran esperándonos a la salida del pueblo.
Todos estamos nerviosos, también los valientes indígenas que arriesgan su vida para que un grupo de extraños periodistas den cuenta del terror que viven los habitantes de Copala. No nos han pedido pago alguno para ser nuestros guías, sólo nos miran como si fuéramos a solucionar el conflicto. Nada más desilusionante. Como reporteros, sólo sabemos que informaremos lo que allí sucede y que nada pasará. Eso pensamos cuando caminamos por largas horas durante esta agobiante madrugada. Y más cuando sabemos que, en seis largos meses, nadie del gobierno federal ha querido atender el problema. Mucho menos el gobierno estatal de Ulises Ruiz, a quien le corresponde formalmente. El gobierno de Felipe Calderón también es responsable, pues para esta pequeña población indefensa que está siendo agredida durante meses no hay Ejército ni policía alguno que la defienda.
Para salir de este territorio hostil, a la columna informativa le parece que el camino es el mismo, aunque hayamos salido esta vez por el lado opuesto. Los reporteros no distinguimos ruta alguna; nuestra inexperiencia en avanzar en el monte nos hace ver todo igual. Sumamente difícil caminar de noche y sin lámpara por las montañas de la región triqui, de acceso inaccesible y orografía accidentada.
Las horas pasan sin llegar a lugar alguno. Los zumbidos de las balas que arrojan las potentes armas se escuchan todo el trayecto. Por un lado, al norte, el pueblo de La Sabana, dominado por la Ubisort; al oriente, El Rastrojo, la zona controlada por el MULT, ambas organizaciones violentas y fuertemente armadas. Al norte, Yosoyuxi, del MULTI, organización que apoya al Municipio Autónomo y que su principal demanda es que todas las partidas presupuestales que debe destinar el gobierno para la región triqui se entreguen a los indígenas para mejorar la vida de sus familias y pueblos, y no se las lleven los caciques y los líderes de grupos armados.
Antes de amanecer, alcanzamos un camino de terracería. Los indígenas nos piden avanzar con precaución para evitar alguna emboscada. Pero el peligro va en aumento y los guías deciden que debemos volver al monte para estar seguros y dejar la comodidad de seguir en la madrugada por la vereda que nos sacaría a la carretera.
Otra vez el sufrimiento para los reporteros inexpertos en caminar por esos lugares. Casi con la luz hemos salido a un pueblo apartado, allí recibimos el apoyo de un agente municipal que nos permite permanecer en el portal de su vivienda hasta esperar la mañana e iniciar el retorno a la ciudad de México.
Con muchas dificultades, Contralínea ha roto el cerco paramilitar establecido por grupos armados para aislar y ahogar a una población triqui que sólo lucha por su autonomía: San Juan Copala ha quedado atrás y sus 100 familias abandonadas a su suerte. Sentimos dolor y desesperación.
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