Algunas de las tierras de cultivo más productivas de Etiopía les están siendo arrebatadas a los pueblos indígenas locales y arrendadas a empresas extranjeras para el cultivo y la exportación de productos alimentarios, mientras que miles de sus ciudadanos pasan hambre en medio de la devastadora sequía que afecta a la región.
Enormes extensiones de tierra fértil en la zona del río Omo, en el suroeste de Etiopía, se están alquilando a empresas malasias, italianas y coreanas. También las están despejando para la creación de vastas plantaciones de propiedad estatal para la producción de cultivos destinados a la exportación, a pesar de que 90.000 indígenas de la zona dependen de esa tierra para su supervivencia.
El Gobierno tiene previsto aumentar la cantidad de terreno que debe ser despejado hasta, al menos, las 245.000 hectáreas, en gran parte para plantaciones de caña de azúcar.
La sequía que afecta a la región, la peor de los últimos sesenta años, ha llevado a millones de personas a pasar hambre. Las tribus del valle del Omo están, por ahora, en una situación relativamente segura. Sin embargo, el Gobierno las considera “atrasadas” y está decidido a “modernizarlas”: quiere que dejen de ser agricultores, pastores y cazadores autosuficientes para convertirse en trabajadores de las enormes plantaciones. Sin embargo, también es posible que simplemente se los expulse de sus tierras.
Parte de este plan implica construir una serie de presas en el río Omo, entre ellas la presa de Gibe III, que será la mayor presa de África. A continuación se construirán cientos de kilómetros de canales de riego que desviarán las aguas que hasta ahora eran fuente de vida, lo que dejará a la población indígena sin la inundación anual de la que dependen sus cultivos.
Las comunidades locales son intimidadas para que no hablen con foráneos o periodistas. La policía está estrechando el cerco, encarcelando y torturando a los indígenas y violando a las mujeres, para que no se opongan al robo de tierras. Ahora los indígenas viven con miedo, tienen miedo del Gobierno.
Los indígenas del valle del Omo ni son ‘atrasados’ ni necesitan que los ‘modernicen’: forman parte del siglo XXI tanto como las multinacionales que quieren apropiarse de sus tierras. La tragedia estriba en que forzarlos a convertirse en jornaleros llevará, casi con toda seguridad, a una drástica reducción de su calidad de vida y los condenará al hambre y a la miseria, como ya les sucede a muchos de sus compatriotas.
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