Hace más de 30 años, en plena transición democrática, tomaron las calles y plazas, cortaron el tráfico y levantaron pancartas para exigir la apertura de un ambulatorio en el barrio. Hoy, en plena transición hacia un Estado del bienestar con tijeretazo, repiten la operación para evitar que cierren la atención primaria por la que tanto lucharon hace 30 años. Los vecinos del barrio de Sant Feliu, en L'Hospitalet, casi se habían olvidado de lo que era una protesta callejera y de cómo se cortaba una calle. Estos días, están refrescando la memoria.
Unas 200 personas se han puesto en pie de guerra en el ambulatorio para protestar contra el primer cierre del CAP del barrio cuya sede más reciente fue inaugurada en 1992. Nunca había cerrado sus puertas, pero desde el viernes pasado y hasta el 12 de septiembre la Generalitat ha decidido cerrarlo para recortar gastos. Los vecinos temen de que, meses después, venga otro cierre, el definitivo y por ello han decidido encerrarse en el local desde el jueves pasado. Los manifestantes no son incendiarios ni ruidosos indignados. Casi todos son octogenarios que a duras penas logran mantenerse despiertos en sus vigilas nocturnas.
Saben perfectamente que la crisis siempre revienta por el lado más débil y esta vez les tocó a ellos. «Todos los servicios de L'Hospitalet se reducirán en verano pero ninguno cerrará. Solo este. Claro, teníamos que ser nosotros, el barrio más apartado, de los más pobres y olvidados», explica Jaime, de 66 años. «Nos han dicho que tenían que cerrar para ahorrar. Pero los médicos y el personal han sido repartidos todos entre los ambulatorios de Sant Ildefons y Just Oliveres. Entonces ¿Cuál es el ahorro? ¿El de la luz?», se pregunta Félix Teresa, de 66 años.
Los vecinos, que ya sufrieron un recorte de médicos hace unos meses, dicen que no están dispuestos a aceptar el cierre del CAP ni siquiera de forma temporal. Ayer, algunos jubilados propusieron medidas drásticas como el corte de la Ronda de Dalt. «Nosotros fuimos, en épocas de Franco, a exigir al ayuntamiento a que nos pusieran luz en el barrio. Ahora tenemos que volver a la calle, a pasar la noche en el CAP, para que no se nos lleven a los médicos», cuenta Alfonso Felguera.
3.500 ancianos
El cierre del ambulatorio representa un duro golpe para un barrio con unas 7.000 personas, la mitad de las cuales son jubilados. Para ir al centro de la ciudad de forma directa solo cuentan con las líneas L10 y L85 que pasan entre 20 y 25 minutos, lo que puede llegar a suponer unas dos horas en total. Algunos de los vecinos ya comenzaron hoy las visitas a los centros de atención alternativos. Valeriano Solera, de 77 años, que depende de su silla de ruedas para movilizarse, acompañó a su mujer para que le pusieran una inyección al CAP de Sant Ildefons. Dado que el ambulatorio pertenece a Cornellà, tuvo problemas. «No le querían poner la inyección. Tuvimos que pelear con ellos», explicó Valeriano que ha pasado todas las noches en el CAP pero no se ha quedado a dormir porque no puede ir solo al lavabo.
Cada vez que tiene que ir a un especialista, sus médicos le daban una autorización para el traslado en ambulancia. Pero ahora, dice, para obtener el permiso para el traslado va a tener que trasladarse hasta el centro de L'Hospitalet. Explica que seguirá yendo a las protestas hasta que la administración lo deje de considerar un número que ajustar. Entonces volverá a pasar sus tardes como antes y solo irá al CAP para ser atendido.
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