La drogodependencia es la dependencia causada por el consumo continuado de sustancias estupefacientes. La dependencia tanto física o psicológicas al consumo continuado hace que estas personas sean incapaces de tener cualquier tipo de responsabilidad, produciendo multitud de problemas personales y sociales debido a su precaria situación que le conlleva la adicción. Son personas por tanto en riesgo de exclusión social, ya que, además de los problemas económicos y sociales que acarrea la adicción, son rechazados totalmente por la sociedad en general y apartados de la misma, condenándolos al aislamiento y al desprecio más absoluto.El estado del bienestar, es una respuesta institucional basada en la cooperación altruista. Tiene su raíz en evitar el malestar social que llevó a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Es un pacto social que establece un reparto equitativo de los benefícios y de la riqueza de la población. Tiene como pilares:
- La existencia de un estado que pueda intervenir en la vida social y económica.
- El concepto de ciudadanía social (libertad individual, derechos políticos y sociales).
Por tanto son aquellas instituciones y recursos que el estado pone a disposición de cualquier individuo en riesgo de exclusión social y a las familias de los mismos, ya que el estado debe de garantizar la protección social de toda la población del estado, si el estamento familiar no tiene la capacidad suficiente para garantizar el bienestar social de uno o varios individuos que la compongan.
Los servicios sociales
Los servicios sociales es un tipo de servicio fundamental para el bienestar social de la población. Estos mismos tratan de identificar las necesidades de la población y se encargan de prevenir, paliar o corregir los diversos desajustes en la autonomía de la vida cotidiana de los individuos o las familias.
En el caso de las personas drogodependientes, los servicios sociales deben abordar el diagnostico de las necesidades del individuo, la asistencia personalizada, la desintoxicación, la terapia, la regulación de la persona, la potenciación de la autonomía y de las habilidades sociales del mismo, el apoyo en la adquisición de hábitos diarios, de alternativas de ocio, la inserción laboral y la prevención de recaídas.
La externalización
Las ONG son entidades privadas sin animo de lucro con objetivos “solidarios”. Desde hace unos años, la Comunidad de Madrid (CM) esta externalizando los servicios sociales para que estos sean gestionados por ONG`S, fundaciones y otras entidades o empresas privadas. Esto hace que se traslade el riesgo y los costes a las pequeñas asociaciones que demandan la gestión de los servicios que debería dar la CM, cobrando sus ganancias con la reducción de la calidad del servicio y empeorando las condiciones laborales de los profesionales del sector, instaurando la precariedad laboral y haciendo los recursos y servicios cada vez más deficientes.
Dentro de la intervención social, este fenómeno se ha empezado a producir gracias a los ataques liberales al estado del bienestar y a la imposibilidad del estado para generar recursos que puedan cubrir las necesidades y demandas de la población. Necesidades y demandas surgidas por el libre mercado y la desigualdad que el mismo genera entre los/as trabajadores/as condenados a formar parte del factor trabajo en la producción a cambio de una misera percepción económica o salario. Los propios economistas reconocen los fallos del mercado, al no cumplirse el principal postulado del sistema actual (la búsqueda del interés individual genera buenos resultados para la sociedad en su conjunto). Así los cuatro grandes pilares que forman parte del estado del bienestar: los Servicios Sociales, la Educación, la Sanidad y la Seguridad Social, están externalizando sus servicios a multitud de entes con distintos intereses para conseguir dos claros objetivos:
La reducción del gasto social, tal y como exigen desde la cúpula de la órbita financiera para incrementar el beneficio de terceros e interesados.
Salvar la responsabilidad ante el incumplimiento de ciertas metas o en la protección y mantenimiento de derechos y libertades. Así se protegen los políticos, élites funcionariales y consejeros nombrados a dedo.
Las consecuencias de las externalizaciones y privatizaciones son nefastas para los profesionales de la Intervención Social y para los usuarios de los servicios sociales. La precariedad laboral que sufrimos los/as trabajadores/as de la intervención social, la eventualidad, las subrogaciones, el chantaje emocional, la disgregación del sector, los cambios constante de empresas y de condiciones laborales en un mismo puesto de trabajo, la falta de empleo estable, son factores que lleva a situaciones laborales totalmente precarias. Por tanto los/as profesionales no pueden realizar su labor con efectividad y los/as usuarios/as no pueden recibir una intervención eficaz y positiva.
La adquisición de estas ONGs y asociaciones, de todo tipo de cuantiosas subvenciones de organismos públicos y privados, gestionadas de forma pésima y avariciosa, convierte la pobreza y la exclusión social en un rentable negocio, rompiendo por tanto su principio de ausencia de ánimo de lucro.
Los servicios sociales es un tipo de servicio fundamental para el bienestar social de la población. Estos mismos tratan de identificar las necesidades de la población y se encargan de prevenir, paliar o corregir los diversos desajustes en la autonomía de la vida cotidiana de los individuos o las familias.
En el caso de las personas drogodependientes, los servicios sociales deben abordar el diagnostico de las necesidades del individuo, la asistencia personalizada, la desintoxicación, la terapia, la regulación de la persona, la potenciación de la autonomía y de las habilidades sociales del mismo, el apoyo en la adquisición de hábitos diarios, de alternativas de ocio, la inserción laboral y la prevención de recaídas.
La externalización
Las ONG son entidades privadas sin animo de lucro con objetivos “solidarios”. Desde hace unos años, la Comunidad de Madrid (CM) esta externalizando los servicios sociales para que estos sean gestionados por ONG`S, fundaciones y otras entidades o empresas privadas. Esto hace que se traslade el riesgo y los costes a las pequeñas asociaciones que demandan la gestión de los servicios que debería dar la CM, cobrando sus ganancias con la reducción de la calidad del servicio y empeorando las condiciones laborales de los profesionales del sector, instaurando la precariedad laboral y haciendo los recursos y servicios cada vez más deficientes.
Dentro de la intervención social, este fenómeno se ha empezado a producir gracias a los ataques liberales al estado del bienestar y a la imposibilidad del estado para generar recursos que puedan cubrir las necesidades y demandas de la población. Necesidades y demandas surgidas por el libre mercado y la desigualdad que el mismo genera entre los/as trabajadores/as condenados a formar parte del factor trabajo en la producción a cambio de una misera percepción económica o salario. Los propios economistas reconocen los fallos del mercado, al no cumplirse el principal postulado del sistema actual (la búsqueda del interés individual genera buenos resultados para la sociedad en su conjunto). Así los cuatro grandes pilares que forman parte del estado del bienestar: los Servicios Sociales, la Educación, la Sanidad y la Seguridad Social, están externalizando sus servicios a multitud de entes con distintos intereses para conseguir dos claros objetivos:
La reducción del gasto social, tal y como exigen desde la cúpula de la órbita financiera para incrementar el beneficio de terceros e interesados.
Salvar la responsabilidad ante el incumplimiento de ciertas metas o en la protección y mantenimiento de derechos y libertades. Así se protegen los políticos, élites funcionariales y consejeros nombrados a dedo.
Las consecuencias de las externalizaciones y privatizaciones son nefastas para los profesionales de la Intervención Social y para los usuarios de los servicios sociales. La precariedad laboral que sufrimos los/as trabajadores/as de la intervención social, la eventualidad, las subrogaciones, el chantaje emocional, la disgregación del sector, los cambios constante de empresas y de condiciones laborales en un mismo puesto de trabajo, la falta de empleo estable, son factores que lleva a situaciones laborales totalmente precarias. Por tanto los/as profesionales no pueden realizar su labor con efectividad y los/as usuarios/as no pueden recibir una intervención eficaz y positiva.
La adquisición de estas ONGs y asociaciones, de todo tipo de cuantiosas subvenciones de organismos públicos y privados, gestionadas de forma pésima y avariciosa, convierte la pobreza y la exclusión social en un rentable negocio, rompiendo por tanto su principio de ausencia de ánimo de lucro.
La Asociación Cauces, ejemplo de pésima gestión, explotación laboral y nula capacidad de intervención
La Asociación Cauces se define como una asociación con la finalidad de prevención, atención, acompañamiento y promoción de personas cuyo itinerario vital les ha llevado a la marginación. Todo el ideario de esta asociación puede parecer muy bonito y muy progre, si no se desenmascara la realidad que se vive día a día en sus pisos de apoyo al tratamiento.
El P.A.T (Piso Apoyo al Tratamiento) y comunidad terapéutica de Almendrales estaba subvencionado por el instituto de adicciones de la red de asistencia del Ayuntamiento de Madrid. En el se realizaba una labor terapéutica con los/as usuarios/as que acaban de salir de desintoxicación. Fue cerrado el 22 de Diciembre del año 2010 por la falta de concesión monetaria del Ayuntamiento de Madrid en su política de recorte de los servicios sociales, dejando a todo el personal del piso en la calle, cortando los programas que se seguían con los usuarios, destinándolos a albergues o mandandolos a su casa (los que la tengan), siendo esto una gran zancada hacia atrás en la intervención con estas personas. (Actualmente vuelve a estar en funcionamiento)
El P.S.A.T (Piso Supervisado de Apoyo al Tratamiento) de Rivas esta subvencionado por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Es el único piso de apoyo al tratamiento que gestiona en la actualidad Cauces. Junto a el, los demás pisos relacionados con el CAID (Centro de Atención Integral a Drogodependientes) Sur están externalizados y gestionados actualmente por Progestión y Mundo Justo, además de Cauces. En este piso, según indica la asociación, debería estar funcionando a través de un equipo formado por 4 psicologos/as, una psicopedagoga, 2 educadores/as sociales, un/a enfermero/a, un/a cocinero/a y 7 voluntarios/as que presten atención y acompañamiento al piso. La realidad se distancia mucho de lo que ellos propugnan. El piso esta gestionado por 3 psicologas y varias integradoras sociales o estudiantes de trabajo o educación social. Además la asociación tiene convenio con distintas universidades o institutos de formación profesional de grado superior para contar con trabajadores/as en prácticas.
La explotación laboral que sufren los/as profesionales que aquí desempeñan su función es patente y se hace notar en el funcionamiento del piso: realizan más horas de las firmadas en el contrato sin cobrarlas (lo que la empresa denomina favores) o no cumplen el mínimo de descanso de 12 horas que establece la ley entre jornada y jornada laboral. Además las 3 psicologas se ven desbordadas ante las 12 personas que tienen que atender constantemente día a día, ya que cada usuario tiene unas necesidades propias que hay que trabajar constantemente, además de las necesidades grupales. Por si fuera poco, no se suplen las bajas que puedan tener los/as profesionales Además se ven sometidos/as al pésimo trato que reciben por parte de la coordinadora de proyectos y actividades de la asociación. Esto produce un mal ambiente de trabajo que perjudica tanto la salud y la labor de las profesionales así como la atención de los usuarios, además de una ilegalidad. Curiosamente, la empresa no permite a las trabajadoras verse fuera del horario de trabajo, impidiendo por tanto cualquier tipo de relación de las mismas fuera del ámbito estrictamente profesional, que se puedan relacionar todas entre sí y que puedan plantear todos los problemas que las pueda surgir con la empresa, y el organizarse para solucionarlos.
Los/as trabajadores/as en practicas se dividen en estudiantes de Integración Social y estudiantes de Psicología. Los/as estudiantes de Integración Social desempeñan su labor por la mañana. Su actividad no esta remunerada de ninguna manera. Realizan un total de 740 horas de prácticas de manera totalmente gratuita. La teoría de las prácticas en la Formación Profesional y su sentido está en que los alumnos aprendan y se formen dentro del entorno laboral para adquirir experiencia sobre el sector para así alcanzar la inserción laboral de una manera más sencilla y efectiva. Sin embargo, los estudiantes de Integración Social en esta empresa se encuentran con que ejercen labores que no les corresponde como Integradores, no son acompañados ni atendidos en ningún momento por su responsable en el desempeño de cualquier actividad, ni siquiera cuando tienen que hacer los acompañamientos con los usuarios (control externo). Siendo la coordinadora la encargada de la labor pedagógica de los alumnos de Integración Social, son en definitiva las trabajadoras las encargadas de esta labor, siendo los estudiantes una carga más. Sin embargo, la coordinadora de las actividades de la asociación recibe el dinero por la labor que justamente no desempeña. Además, la asociación tiene el descaro de mandar a realizar búsquedas de ocio para los/as usuarios/as al centro de día justamente cuando tienen algún tipo de inspección (ya que incumplen totalmente la normativa tanto laboral, como la de los/as estudiantes de prácticas). Para rematar la faena, estos estudiantes son presionados mediante el chantaje, la coacción, o la manipulación si se niegan a hacerle favores a la asociación. Aun siendo denunciadas estas situaciones fraudulentas ante el IES Pío Baroja de Orcasitas, se han vuelto a ofertar prácticas en esta asociación, concreta mentetres plazas: dos en la comunidad terapéutica ubicada en Almendrales y una en el centro de día de la empresa en el barrio de Usera, orientado al empleo, ocio y cursos de informática.
Idéntico es el problema que tienen los/as trabajadores/as en practica de la universidad, con la diferencia de que estas si cobran un salario por parte de las universidades. La situación de abusos por parte de Cauces es idéntica al de los estudiantes de Integración Social, añadiendo que cuando se presentan la inspección, se suele usar a los/as trabajadores/as en prácticas de la universidad como personal laboral para ocultar la carencia de personal que pueda haber en el piso.
Este pésimo ambiente laboral junto con el nefasto tratamiento conductista caracterizado por una forma de intervención social reproductora de la injusticia social, la presión que reciben los/as usuarios/as por el recorte en el periodo que ha sufrido la estancia en los pisos (ahora son 4 meses en vez de 6 como estaba estipulado anteriormente) además de las situaciones personales que pueda tener cada usuario/a, se traduce en una total ineficacia para tratar los problemas y las necesidades de los/as usuarios/as que tienen que ser tratados en esta empresa. Esto conlleva, si ya es complicada el trabajo y tratamiento de las adicciones, que el numero de recaídas o renuncias a estos tratamientos sean cada vez más altas, y por consiguiente se haga patente y clara la total ineficacia de las gestiones de las asociaciones privadas de lo relacionado con lo social, y las políticas de convertir la marginalidad y la exclusión que genera la desigualdad económica y el capitalismo en rentabilidad y beneficios.
Desde la CNT nos posicionamos en contra totalmente de las políticas de recortes sociales que esta llevando a cabo el gobierno del Estado Español, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, así como somos contrarios a la externalizaciones de los servicios sociales ya que dejan en manos de los intereses económicos las necesidades y derechos de las personas excluyendolas de una plena participación en la sociedad. Exigimos por tanto para mejorar la calidad y la intervención de los servicios sociales:
1. Que los servicios sociales públicos dejen de ser gestionados por empresas privadas, entidades, asociaciones u otras ONG'S, las cuales no combaten la exclusión, sino gestionan la misma, como es el caso de la Asociación Cauces.
2. Aumento salarial para mejorar la calidad de vida de los profesionales y por consiguiente su mejor dedicación a esta labor, y mejoras de las condiciones laborales (funcionarización, reducción de jornada a 30 horas semanales, etc.).
3. Cese de los recortes sociales por parte de la administración, mejora de la calidad de los recursos existentes y potenciación de más recursos.
4. La libertad de conciencia, alejando la intervención de la caridad de la iglesia católica y sus organizaciones afines, para transmitir herramientas de supongan el desarrollo integral (social, afectivo, cognitivo, cultural, etc.) del sujeto fomentando su autonomía y responsabilidad frente a sus actos.
Desde la CNT defendemos los servicios públicos y potenciamos la calidad de los mismos para dar un buen servicio a los trabajadores/as. Entendemos que son una prestación del estado para paliar un mal menor, por lo ponemos sobre la mesa la visión de que la mejor manera de gestionar los servicios públicos es a través de la autogestión de los mismos por parte de los trabajadores/as y profesionales del sector de manera horizontal y asamblearia, eliminando las jerarquías y la politización del gobierno de turno, ya que somos los/as trabajadores/as, los principales agentes que tratan con los usuarios, y no los despachos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid o del Estado Español. Además, los trabajadores/as organizados/as en la CNT de manera federalista con los compañeros/as de los distintos ramos de producción, luchamos por la transformación social, acabando con la explotación y por tanto con las clases sociales y la desigualdad económica, principal causante de la exclusión y la pobreza que existen tanto en el Estado Español como en el resto del mundo.
EL capitalismo y las relaciones de poder que genera hace imposible hablar de justicia y de igualdad.
Contra la privatización de los servicios sociales, hacia la autogestión
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